Elízabeth Romero
Representantes del pueblo indígena Rama y comunidades Kriol de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) introdujeron ayer un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por no haber sido consultados para la implementación de la Ley 800, que establece el régimen jurídico para la construcción del canal interoceánico de Nicaragua.
El recurso fue introducido en contra del presidente inconstitucional Daniel Ortega, y el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez.
Nazario Martínez, primer secretario del Gobierno municipal, Rama, aclaró que no están en contra del desarrollo, pero piden que los tomen en cuenta como dueños que son del territorio.
Además piden reformas a la ley y que sean escuchados porque el proyecto les afectará, según el planteamiento de Rupert Allen Clair Duncan, presidente del gobierno comunal de Monkey Point.
Clair no descartó que haya desalojos en algunas comunidades.
El funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Norwin Solano, coincidió con el planteamiento de los indígenas: desde antes de ejecutar el proyecto debieron consultar a las comunidades autóctonas, por ser dueños de los territorios.
“Es un Estado que te otorga un derecho, derecho mismo que te lo quita de manera fáctica, y te anula además el título”, sostuvo Solano.
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