Elízabeth Romero
El 9 de junio del presente año fue la última fecha que según la Fiscalía los 18 mexicanos —que se hacían pasar como periodistas de Televisa—, ingresaron procedente de Costa Rica por el puesto de Peñas Blancas con un cargamento de droga rumbo a México, saliendo al día siguiente por el puesto fronterizo de El Espino.
Durante la ampliación de la acusación en contra de los extranjeros por el delito de tráfico internacional de droga, el fiscal Javier Morazán sostuvo además que en cinco de los seis vehículos ocupados a los extranjeros encontraron caletas; en cuatro de los carros hubo residuos de cocaína, detectados además en fajos de billetes de los más de 9.2 millones de dólares ocupados.
“Se les acusa además en esta ampliación de haber trasladado grandes cantidades de cocaína procedente de Costa Rica con destino a la República de México”, dijo Morazán.
Explicó que los mexicanos usaban la ruta terrestre de Peñas Blancas, Rivas, Granada, Masaya, Managua, Sébaco, Estelí hasta llegar a Nueva Segovia, puesto fronterizo de Las Manos y en algunas ocasiones también utilizaban el puesto fronterizo de El Espino por Madriz.
Y para el trasiego de droga desde Costa Rica, con destino México, los acusados utilizaron los mismos vehículos que le fueron ocupados el 20 de agosto.
Utilizaban además la falsa identidad de trabajadores de la cadena mexicana Televisa. En las unidades móviles de transmisión, bajo los equipos de edición de vídeos, trasladaban el dinero de norte a sur, por lo que realizaban un doble propósito y a la vez un mismo delito. Morazán, dijo que los mexicanos intentaron vulnerar la seguridad del Estado, tanto aduanera como migratoria.
El fiscal pidió al juez que aprobara un trámite complejo a la acusación contra los falsos periodistas, porque la Policía y órganos de apoyo interinstitucional siguen trabajando a fin de descubrir a los sospechosos que en el país pueden estar coludidos con los extranjeros.
El juez Quinto Distrito Penal de Audiencia, Julio César Arias, admitió la ampliación de la acusación que inicialmente fue por lavado de dinero y crimen organizado.
También aceptó programar para el 18 de septiembre la audiencia inicial, que estaba prevista para el 5 del mismo mes. Esto bajo protesta de los abogados defensores.
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