Elízabeth Romero
El padre de la niña con discapacidad intelectual se negó ayer a firmar ante autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) el reconocimiento en fotografías que ayer hizo la víctima de dos, de cinco policías, sospechosos de la violación perpetrada hace más de 20 días a unos 30 metros de la casa donde reside el presidente inconstitucional Daniel Ortega Saavedra.
La niña de 12 años acusa a cinco policías que están designados a custodiar la casa donde Ortega habita con su familia.
Sin embargo, el jueves el vocero policial, comisionado mayor Fernando Borge, habló de tres bajas deshonrosas, por lo que el padre de la víctima exige que sean castigados los cinco sospechosos implicados.
El progenitor le reclamó a las autoridades de que los sospechosos de violar a su hija son cinco y demandó que los presenten. Lo anterior lo relató la abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Andrea Rothschuh, quien dijo que el reconocimiento fue ayer a primeras horas del día, pues aparentemente tras la denuncia pública de los intentos por tramitar el caso de forma lenta y silenciosa, las autoridades se apresuraron a concluir las investigaciones para remitirlo a la Fiscalía.
COMISIONADA AMENAZA,DENUNCIA EL CENIDH
Ante la pena de tener que reclamar por justicia para su hija después que habían pasado más de veinte días de la violación, la abogada del Cenidh denunció que una funcionaria de la DAJ con el grado de comisionada amenazó ayer al padre de la niña de que podrían denunciarlo por injurias y calumnias por haber asegurado que el caso no había pasado a la Fiscalía.
La abogada señaló que el progenitor explicó que mientras ellos permanecieron en la Fiscalía, el caso no había sido remitido por la Policía sino después de que ellos acudieran a esas instalaciones, y fue por eso que criticaron la tardanza del proceso.
Rothschuh se mostró esperanzada de que las autoridades hayan realizado las investigaciones que corresponden para que el caso pueda ser remitido a los tribunales de justicia.
CONDENAN HECHO
La Red de Mujeres contra la Violencia emitió ayer un comunicado a través del cual condena el hecho. En el comunicado esa organización defensora de las mujeres critica que cuando ocurren estos delitos en los que están involucrados funcionarios, estos se coluden y promueven el tráfico de influencia, que muchas veces deja en indefensión a la víctima.
La Red de Mujeres contra la Violencia exige a la Policía Nacional y Ministerio Público que se realicen las investigaciones correspondientes que permitan aportar las pruebas suficientes para que este delito no quede en la impunidad como ha sucedido en otras situaciones donde se han visto involucrados agentes policiales.
Al tiempo que exige a las autoridades que den a conocer a la sociedad nicaragüense los nombres y apellidos de los denunciados y que sean castigados como lo manda la Ley 779, Ley Contra la Violencia hacia la Mujer.
Recuerdan que en el artículo 169 de esa Ley se establecen penas que van de 12 a 15 años de prisión.
El miércoles el padre de la víctima afirmó que en el sitio señalado por su hija donde la violaron, la Policía del Distrito Dos encontró preservativos, manchas de sangre y parte de la vestimenta de la víctima. Pese a todo en la DAJ “me quisieron hacer creer que fueron personas civiles (que violaron a su hija), mi hija sabe que son policías”.
Mientras en las redes sociales se sigue debatiendo el caso con críticas a la Policía Nacional, a la que señalan que “en actitud vergonzosa” ha intentado ocultar por todos los medios “la asquerosa violación” que perpetraron desde el 9 de agosto miembros de la seguridad de la casa de Daniel Ortega.
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