La modernización del Registro Civil de las Personas es una noticia que circula desde el 2005 y junto a la cedulación ha sido la excusa del Consejo Supremo Electoral (CSE) para justificar los montos adicionales a su presupuesto anual, aunque la supuesta modernización duerma el sueño de los justos.
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Para el diputado Enrique Sáenz, así se está institucionalizando una forma distinta de corrupción porque se está utilizando la ley como instrumento de corrupción. Según él, esto es resultado de un régimen dictatorial sin balance ni controles.
Dieciséis meses atrás, en abril del 2011, la Asamblea Nacional incorporó a una reforma presupuestaria el pago de una deuda de 37 millones de córdobas del CSE a un banco privado, sin más justificación que una breve carta en la que el magistrado presidente Roberto Rivas afirmaba a los diputados que el dinero lo había prestado para responder a la contrapartida del Estado a un fondo de contravalor (de 5.4 millones de euros) que el Gobierno español desembolsó para la primera fase de modernización del Registro Civil de las Personas y Cedulación.
Más tarde, entre diciembre del 2008 y octubre del 2009, el CSE recibió incrementos adicionales a su presupuesto que rondaron los cien millones de córdobas.
Actualmente, el CSE pide otro aumento de 170 millones de córdobas con el argumento de elaborar un millón de cédulas y modernizar el Registro Civil.
Lo contradictorio es que los mismos magistrados de facto han dicho recientemente que el 98 por ciento de la población ya cuenta con una cédula de identidad y además los ciudadanos pagan 300 córdobas por la emisión de las cédulas con el formato establecido desde el 2010.
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