Elízabeth Romero
La directora de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, admitió que inicialmente no hubo una adecuada atención en el caso de violación de la niña con discapacidad intelectual, cuyo padre responsabilizó a cinco agentes y a un guarda de seguridad privada.
“En el Distrito Dos efectivamente no hubo la acogida responsable que se tendría que haber dado en ese momento y es precisamente por eso que se trasladó el caso a Auxilio Judicial”, expresó Granera.
A su vez, Granera manifestó que el atraso en remitir el expediente sobre las investigaciones a la Fiscalía, fue porque no contaban con el resultado de la prueba del ADN, el cual ayer aún no recibían.
Granera alegó que la investigación está abierta. Todavía el martes el padre de la víctima demandó tanto del presidente inconstitucional Daniel Ortega como de las autoridades de la Policía, que no protejan a los otros dos señalados por su hija como autores de la violación.
“Yo no tengo pleito contra él (Ortega), yo ni siquiera lo estoy acusando a él, ni siquiera digo que él los mandó. Más bien que él se pronuncie sobre la realidad de las cosas”, sostuvo el denunciante el martes cuando acudió al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Según Granera, los tres que fueron acusados están detenidos desde el mismo día de la denuncia, luego fueron trasladados a Auxilio Judicial y ordenada la baja deshonrosa. El pasado sábado la Fiscalía acusó a Ervin Jarquín Espinoza, Emerson Mora Parrales y Walter Téllez Mendoza.
Granera dijo que, en caso que el resultado del ADN o el avance de las investigaciones les confirmen que hay evidencias para acusar a los otros dos “o a cinco o a diez policías más, lo vamos hacer (…) no se preocupen, lo vamos hacer con la misma determinación con que hemos acusado a los otros tres”.
El padre de la víctima denunció ante el Cenidh que los policías violaron a su hija a unos treinta metros de la casa donde reside la familia Ortega Murillo, en el perímetro de seguridad.
¿Cómo pasó esto tan cerca de la residencia del mandatario (inconstitucional)?, fue consultada Granera.
“Pasó como puede pasar tan cerca de tu casa o de la mía hijo”, fue la respuesta que ofreció a un periodista que formuló la pregunta.
Por la mañana, el inspector general de la Policía, comisionado general Juan Ramón Grádiz, había advertido que esa institución “ no va a tolerar que ningún miembro de la institución se vea involucrado en hechos de esta naturaleza”.
Grádiz también anunció que ante los constantes señalamientos del progenitor de la víctima, sobre la inadecuada atención que recibió su hija, han extendido la investigación.
De comprobar lo denunciado, dijo Grádiz, “obviamente con la gradualidad correspondiente, estaríamos aplicando las sanciones que corresponden de acuerdo con nuestro reglamento disciplinario”.
Y en un tono similar al que utilizó su jefa, Grádiz indicó que ese no es un caso cerrado y si encuentran evidencias en contra de los otros miembros de la institución al igual que los tres los pondrían a la orden de los tribunales competentes”.
Granera señaló que como mujer y a cargo de la institución le duele cualquier fallo o error de sus subordinados, pero advirtió que esa institución no tiene reparo de reconocer públicamente cuando un policía comete fallas o errores, así como en adoptar medidas duras y ponerlo a la orden de las autoridades competentes.
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