La violación sexual colectiva de una niña de 12 años de edad perpetrada por cinco miembros del cuerpo policial de protección de la residencia del presidente inconstitucional Daniel Ortega, que también es sede del partido FSLN y casa de Gobierno, debe ser castigada con el mayor rigor que permita la Ley y mande la justicia.
Toda violación sexual es un crimen repugnante, pero en este caso existe el agravante de que la menor abusada sufre minusvalía intelectual y los acusados en el momento de cometer su fechoría eran miembros de la Policía Nacional, institución de seguridad pública cuya responsabilidad primordial es proteger a la ciudadanía, a todas las personas pero ante todo a las que son más débiles e indefensas.
La institución no puede ser culpada por crímenes que a título personal cometan sus miembros. Pero el prestigio y respeto de la institución depende del comportamiento oficial y personal de los individuos que la integran. Además, se supone que al personal que cuida a las máximas autoridades gubernamentales se le selecciona cuidadosamente, no solo con criterios de valor individual, capacidad física y destreza con las armas, sino también por su disciplina y moralidad personal comprobada.
Las violaciones sexuales de mujeres, incluyendo menores de edad, cometidas por hombres uniformados y armados, han ocurrido desde la remota antigüedad hasta nuestros días. Durante mucho tiempo se consideró que las mujeres eran parte del botín de guerra y se les podía someter a violaciones y otras horribles vejaciones. Por eso, ya en la Edad Media la Iglesia católica intentó frenar las violaciones sexuales en los conflictos bélicos. Con ese propósito estableció la institución Paz y Tregua de Dios y propagó los ideales de la caballería romántica que protegía a los desvalidos, niños y mujeres. Sin embargo aquel esfuerzo de la Iglesia se frustró por la irracionalidad humana y el desborde de crueldad que causan las guerras.
Mucho tiempo después, en 1863, durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos el presidente Abraham Lincoln promulgó el Código Lieber (así llamado porque fue redactado por el filósofo y jurista germano estadounidense Francis Lieber), en el cual se determinó que toda violación sexual en el curso de la guerra quedaba prohibida bajo castigo de pena de muerte. Sin embargo las violaciones sexuales cometidas por los uniformados continuaron en aquella guerra civil de Estados Unidos y se han seguido cometiendo hasta ahora en muchas partes del mundo.
Pero se puede entender, aunque de ninguna manera se justifique ni se tolere, que esos crímenes repugnantes ocurrieran y sigan ocurriendo en tiempos de guerra, de revoluciones armadas y de anarquía política y social. Lo inconcebible es que ocurran en tiempos de paz y menos que sean cometidos por guardianes de la seguridad pública y protectores de un jefe de Estado o de Gobierno.
Algo podrido tiene que haber en la sociedad y en las entrañas del poder público de este país, para que ocurran crímenes tan abyectos como el de esta niña mancillada, los que además casi siempre quedan impunes.
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