Elízabeth Romero
El titular de la Dirección General de Ingresos (DGI), Martín Rivas, alegó que la institución tiene dificultades presupuestarias y no puede cancelar las prestaciones que reclaman los cuatro exempleados beneficiados con una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia.
José Tomás Gómez Leiva, quien se reunió con Rivas, aseguró que este le pidió que llegaran a un arreglo. Rivas le propuso que primero aceptara recibir un porcentaje de lo adeudado y en seis meses les pagaría el resto.
Junto con Gómez Leiva acudieron Norma Elena Mora Artola, Santos Ermencia Díaz Martínez y Luisa Amanda Morales Gutiérrez, quienes se declararon decepcionados, pues llevan entre tres y cinco años esperando la sentencia.
Los cuatro fueron despedidos durante la administración del exdirector Walter Porras.
El secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), Álvaro Leiva Sánchez, manifestó que el Estado adeuda a los cuatro extrabajadores más de tres millones de córdobas por el daño causado y prestaciones de ley. Leiva Sánchez anunció que llevarán el caso a instancias nacionales como internacionales.
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