Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
El Consejo Nacionalidad de Vialidad de Costa Rica aún debe más de 12 mil millones de colones, unos 24 millones de dólares, a las empresas constructoras que trabajaron en la carretera fronteriza, según declaraciones del director financiero del Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi), Carlos Solís, en una comparecencia ante diputados esta mañana.
Solís, el auditor Reynaldo Varga y la encargada de Planificación de esta entidad, Mónica Moreira; estuvieron esta mañana ante la Comisión de Control y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, la cual investiga la supuesta corrupción en la construcción de esta obra.
A la fecha, las empresas constructoras han recibido un pago de 21,500 millones de colones, cerca de 43 millones de colones, lo que significa que el costo de esta cuestionada obra supera los 60 millones de dólares y no los 40 millones de dólares, como anunció inicialmente el gobierno de Laura Chinchilla.
Según el funcionario, durante los pagos realizados, él se limitaba a aprobar facturas que llegaban de una orden firmada por el entonces director del Conavi, Carlos Acosta, separado de su cargo a raíz de los escándalos de supuesta corrupción de la obra.
Las facturas eran pagadas bajo la figura de “imprevisibilidad”, aplicada en momentos de emergencias, tal y como ocurrió con esta carretera que se inició amparada en un decreto de emergencia dictado por la presidenta Laura Chinchilla, sin estudios ambientales; debido al conflicto fronterizo con Nicaragua por la disputa de un humedal ubicado en la desembocadura del río San Juan.
INFORMACIÓN, SECRETO DE ESTADO
El auditor Reynaldo Vargas, señaló que la información sobre esta carretera era manejada como secreto de Estado.
“Yo no tengo ningún documento como prueba, pero tengo un testigo que estaba presente el día en que solicitamos información sobre la construcción de la carretera y el ingeniero Francisco Ramírez me dijo que eso era ‘secreto de Estado’”, declaró.
“En marzo de 2012 detectamos una situación demasiado evidente… Todas las facturas venían en horas máquina y una venía por los contenedores. Entonces, solicitamos la información de dónde los pusieron y quién los colocó, pero nunca se da la información”, explicó.
Fue por ello que al mes siguiente, la dependencia dirigida por Vargas solicitó al Conavi que el ingeniero de la carretera, Manuel Serrano y el entonces director de la entidad, Carlos Acosta, brindaran “la información en los plazos o que justificaran por qué no podían brindarla. No hubo entrega de información. El 24 de abril remitimos a Serrano a acciones laborales por no dar la información”, declaró Vargas.
Vargas indicó que muchos de los contratos realizados en el año 2010 fueron refechados para pagarse con el presupuesto del 2011, algo contrario a la Ley.
El diputado del Partido Acción Ciudadana, Manrique Oviedo, considera que hubo falta de controles en esta obra bajo la complacencia de la alta jerarquía del Conavi.