Lucía Navas
La posible compra del satélite Nicasat-1 a un costo de 300 millones de dólares que pretende el Gobierno de Nicaragua llama el interés del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Oficialmente el Gobierno por no tener un programa económico con el FMI no tiene en este momento obligación de dar explicaciones sobre el proceso de negociación y del acuerdo que pretende con la empresa estatal de telecomunicaciones de la República de China Continental, La Gran Muralla China, sobre el satélite.
Sin embargo, el representante del FMI en Nicaragua, Gabriel Di Bella, deja saber que eso no implica descuidar la obligación de las autoridades de cumplir con las normas de endeudamiento público a las que está comprometido.
“Lo que está claro es que la Ley de Crédito Público dice que Nicaragua va a tener en cuenta que el endeudamiento que haya financiado y garantizado por el Gobierno tiene que respetar algunos valores mínimos de concesionalidad. Me imagino que el Gobierno tiene que estar tomando en cuenta esto”, afirmó.
Nicaragua por estar dentro de la Iniciativa de Países Altamente Endeudados (HIPC), las deudas que adquiere deben tener un grado de concesionalidad no menor al 35 por ciento.
A consulta de LA PRENSA, Di Bella explica no conocer “a detalle” la negociación de ProNicaragua y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) con la empresa china.
Aunque deja claro que “en el caso de que hubiera un programa (futuro) evidentemente conservar la concesionalidad de los préstamos externos va a ser una de ‘las patas’ del programa”.
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