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Plan contra corrupción

Una de las estrategias medulares del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto es la iniciativa de reforma para crear la Comisión Nacional Anticorrupción misma que busca que las instituciones públicas actúen con mayor transparencia con lo cual se pretende avanzar en la construcción de un gobierno democrático, eficaz y honesto que tanta falta hacen en nuestra región latinoamericana.

Ramón García Gibson (*)

Una de las estrategias medulares del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto es la iniciativa de reforma para crear la Comisión Nacional Anticorrupción misma que busca que las instituciones públicas actúen con mayor transparencia con lo cual se pretende avanzar en la construcción de un gobierno democrático, eficaz y honesto que tanta falta hacen en nuestra región latinoamericana.

La Comisión Nacional Anticorrupción, será un órgano autónomo, con presupuesto federal anual, integrada por cinco líderes ciudadanos y especialistas que serán propuestos por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República. El periodo de gestión para cada uno de los integrantes está planteado para nueve años con un cambio escalonado y; el que funja como presidente, deberá de ser abogado. Al establecerse un período de gestión de 9 años se da continuidad al proyecto pues los integrantes de la Comisión trascienden la administración sexenal del presidente de la República.

Otro aspecto importante de la creación de la referida Comisión, contempla la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (entidad que desde mi punto de vista no ha logrado los resultados esperados) con una respectiva reasignación de funciones, mantener los órganos internos de control, los cuales pasarían a depender directamente de los organismos gubernamentales, y desaparecer, entre otros, las fiscalías especializadas en delitos cometidos por funcionarios públicos porque su función la absorbe la comisión, todo ello detallado en la normatividad primaria o secundaria, según sea el caso.

Se pretende cambiar la legislación para que existan los mismos parámetros en todo el país acerca de los delitos considerados corrupción, y su prescripción, es importante homologar criterios no solo en este tema sino también en la forma de atacar otros delitos. Entre algunas de las facultades asignadas a dicha Comisión, tendrá la de investigar, integrar expedientes y sancionar en materia administrativa casos de corrupción que se dan en distintos niveles de gobierno; solicitar la colaboración inmediata de autoridades federales, estatales y municipales, de todas las áreas que sean necesarias, para comprobar ilícitos y; Presentar denuncias para que se abran los procesos penales, consignando el expediente correspondiente ante un juez si se comprueba un delito. Como podemos advertir a este organismo se le dan “los dientes” tan requeridos por muchas otras Comisiones que supervisan diversas materias diferentes a la corrupción.

La finalidad de la creación de la citada Comisión es que la vigilancia sobre posibles actos de corrupción deje de ser competencia exclusiva de funcionarios del gobierno y ahora sea tarea de personas que no tengan interés político que los lleve a encubrir delitos. Otra de las facultades con las que debe de contar la Comisión Nacional de Anticorrupción, es la aplicación de la Ley Federal Anti-Corrupción en Contrataciones Públicas (LFACP), la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012 y busca profundizar el rol de México con países que combaten la corrupción fuera de sus fronteras.

La ley citada en el párrafo anterior, sanciona a quien prometa, ofrezca o entregue dinero o cualquier otra dádiva a un servidor público o a un tercero, a cambio de que dicho servidor público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, con el propósito de obtener o mantener un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del dinero o de la dádiva o del resultado obtenido.

Tomando el último informe de Transparencia Mexicana publicado en mayo de 2011, el Índice de Corrupción y Buen Gobierno muestra los siguientes datos en 2010: Se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales y municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares y; El costo económico de esta forma de corrupción rebasó los 32 mil millones de pesos. Uno de los innumerables efectos directos de la corrupción es el que puede desalentar la inversión extranjera y nacional situación que traería efectos muy graves para la economía de cualquier país y que muchos ya lo están sufriendo actualmente. Además la corrupción es otra de las fuentes importantes generadoras de lavado de dinero en México en un volumen quizá superior al representado por las ganancias del narcotráfico.

En México han existido diversos esfuerzos a través de diferentes administraciones federales, estatales y municipales para erradicar la corrupción gubernamental pero al día de hoy todas esas estrategias no han logrado rendir buenas cuentas a la ciudadanía. Coincido con Joan Báez, cantante estadounidense cuando dice: “Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”. Sin duda la idea del presidente electo de México para erradicar este problema tan arraigado en el país a través de la Comisión Nacional Anticorrupción es muy buena, estaremos atentos a sus resultados. ¿Lo estará usted estimado lector?

(*) Esta columna es publicada los lunes en

El Financiero de México.

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