Eduardo Enríquez
Esta semana expertos en temas tributarios y organismos de la sociedad civil exigieron que las pláticas que hasta el momento el régimen mantiene con gremios empresariales y algunos sindicatos u organizaciones afines sobre la reforma tributaria debe ser abierta a todos los sectores que puedan resultar afectados por la misma.
Y la verdad es que los que podemos “resultar afectados” somos todos los nicaragüenses ya que al fin y al cabo terminaremos pagando el impuesto que se vaya a aprobar.
Este es un tema difícil de discutir porque a nadie le gusta pagar impuestos, por eso se llaman “impuestos”. Pero la situación empeora en un país como este donde los efectos de los mismos solo se ven en, por ejemplo, las camionetonas que se acaban de comprar los magistrados —muchos de ellos ilegales— de la Corte Suprema de Justicia.
Así que el reclamo es válido. Los ciudadanos deben opinar sobre quiénes van a ser los beneficiados y los afectados por esta reforma que de una manera u otra va a meter las manos en nuestros bolsillos. El Gobierno, que lo que menos tiene es respeto por los ciudadanos ni siquiera se preocupa por responder, por otro lado, se podría alegar la impracticabilidad de consultar a todo mundo sobre los nuevos impuestos o si subirlos o bajarlos, ¿se imaginan el relajo?
“Sí”, pensarán algunos lectores, “eso es locurita”. Por lo menos los que sí están en las pláticas ya se han expresado en términos más o menos parecidos. Pero es que en Nicaragua tenemos la fantasiosa idea de que inventamos siempre el agua tibia.
Esto de la participación de los ciudadanos en las tributaciones es un tema antiguo, y que quedó resuelto hace siglos también. ¿Cuál fue la chispa que inició la rebelión de las trece colonias norteamericanas sino la terquedad del monarca inglés de imponerles impuestos sin que las colonias tuvieran representación en el parlamento inglés?
Pero el tema es aún más antiguo, ya el filósofo inglés del siglo XVII, John Locke, lo dejaba claro casi un siglo antes en su Ensayo sobre el Gobierno Civil: “Verdad es que los gobiernos necesitan gran carga para su mantenimiento, y conviene que cuantos gozan su parte de la protección de ellos paguen de su hacienda la proporción que les correspondiere con aquel objeto. Mas todavía eso habrá de acaecer con su consentimiento, esto es, el consentimiento de la mayoría, ya lo dieren por sí mismos, ya por representantes a quienes hubieren escogido”.
Entonces es clarísimo que en un sistema republicano como el que nos pretenden hacer creer que estamos viviendo, el ciudadano puede y debe opinar sobre estos temas. ¿Cómo hace oír su voz? de manera muy sencilla, estas propuestas de subir, bajar, quitar o poner impuestos en las repúblicas no las sacan los gobernantes de las mangas. En los procesos electorales es precisamente lo que los candidatos y los partidos proponen a los votantes, les explican las propuestas, escuchan las contrapropuestas, siguen sus reacciones a través de las encuestas y al final es el ciudadano con su voto (contado correctamente y de manera transparente) que coloca al partido y candidato que considera tiene una mejor oferta en estos temas, entre otros, que luego se pasan a discutir en los parlamentos donde los diputados, que no son más que representantes de los ciudadanos, aprueban o rechazan oficialmente.
Aquí las cosas no funcionan así. Por un lado, la oposición está completamente ausente de la discusión tributaria. No solo no dice esta boca es mía, sino que no tiene una propuesta que represente una alternativa a lo que pone el gobierno. Que actualmente tengan una bancada de 26 y que numéricamente les hace imposible avanzar cualquier propuesta frente a la bancada oficial de 62, es irrelevante, ya que la falta de propuestas no es de ahora.
Y por otro lado, el régimen, que considera los procedimientos democráticos y republicanos engorrosas molestias, se siente mucho más cómodo negociando con grupos bien definidos con los que puede llegar a acuerdos con relativa facilidad, y cuando no, pues simplemente impone su voluntad.
Lo que estamos viendo es el corporativismo en acción donde grupos con intereses muy particulares se entienden con el partido gobernante y sus acuerdos los convierten en ley. En este sistema la ciudadanía tiene una participación nula y todo este modus operandi es uno de los rasgos más característicos del fascismo.
Para quienes todavía piensan que este sistema es una democracia republicana en este caso tienen el ejemplo más claro que están viviendo una ilusión.
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