14
días
han pasado desde el robo de nuestras instalaciones. No nos rendimos, seguimos comprometidos con informarte.
SUSCRIBITE PARA QUE PODAMOS SEGUIR INFORMANDO.

Constructoras de carretera fronteriza no quieren declarar

Diputados de la Comisión de Control y Gasto Público de la Asamblea de Costa Rica, valoran usar a Fuerza Pública para citar a comparecer a una de las empresas responsables de construir la polémica carretera fronteriza que bordea el río San Juan.

Josué Bravo

Corresponsal / Costa Rica

[email protected]

Diputados de la Comisión de Control y Gasto Público de la Asamblea de Costa Rica, valoran usar a Fuerza Pública para citar a comparecer a una de las empresas responsables de construir la polémica carretera fronteriza que bordea el río San Juan.

Esta Comisión indaga presuntos actos de corrupción en la construcción de la obra que según Nicaragua, afecta al río San Juan, y el uso de la Fuerza Pública sería debido a que David Castillo, de la constructora el Coloso de Santa Cruz, no llegó a comparecer esta mañana ante los diputados.

La empresa de castillo colocó contenedores de segunda mano en la carretera, para que funcionaran como puentes y al parecer, fueron sobrevalorados 8 veces más de lo que cuesta en el mercado.

Otro de los citados a comparecer, Carlos Alpízar, de la constructora Bajo León, se presentó a la comisión pero se abstuvo de declarar.

El diputado socialcristiano, Walter Céspedes, miembro de la Comisión, aseguró que hubo inconsistencias en los pagos del gobierno a las empresas constructoras pequeñas, ya que a las grandes el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), responsable de la obra, ya les canceló.

El Conavi aún debe más de 12 mil millones de colones, unos 24 millones de dólares, a parte de las empresas constructoras que trabajaron en la carretera.

A la fecha, otras empresas constructoras han recibido un pago de 21,500 millones de colones, cerca de 43 millones de colones, lo que significa que el costo de esta cuestionada obra supera los 60 millones de dólares y no los 40 millones de dólares, como anunció inicialmente el gobierno de Laura Chinchilla.

Según Nicaragua, el sedimento de la carretera contamina el río San Juan, por lo cual, en diciembre del año pasado, demandó a Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia por los supuestos daños ambientales.

Puede interesarte

×

El contenido de LA PRENSA es el resultado de mucho esfuerzo. Te invitamos a compartirlo y así contribuís a mantener vivo el periodismo independiente en Nicaragua.

Comparte nuestro enlace:

Si aún no sos suscriptor, te invitamos a suscribirte aquí