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LA PRENSA/ARCHIVO

El laberinto de las demandas de alimentos

Con su hijo menor en brazos y la otra niña de 5 años arrimada a ella, Chepita Araya espera turno para ser llamada e informarse acerca de una contrademanda de parte de su excompañero de vida.

 

 

Auxiliadora Vásquez

 

Especial para LA PRENSA

Con su hijo menor en brazos y la otra niña de 5 años arrimada a ella, Chepita Araya espera turno para ser llamada e informarse acerca de una contrademanda de parte de su excompañero de vida.

Y es que hace un año, Araya, quien labora como vendedora ambulante de vigorón, interpuso una demanda por pensión de alimentos al padre de sus cuatro hijos en edades de 10, 6, 5 y 2 años. En un trámite de mediación, él se comprometió con entregar los días 20 de cada mes 1,600 córdobas y al mismo tiempo la madre se comprometía a permitir que los niños pasaran con el padre los fines de semana.

“En los primeros meses todo iba bien, pero hace cuatro meses está incumpliendo, entrega el dinero cuando quiere y yo no le estoy prestando a mis hijos porque ellos no quieren ir, y por esa razón ahora él me contrademanda y aquí estoy en la Defensoría, esperando que me llamen y ver cómo es eso”, expresa en tono molesta.

Y es que la situación de Chepita forma parte de los cientos y diversos casos que a diario se presentan en la Defensoría Pública, Ministerio de la Familia (Mifamilia), Juzgados de Familia y Ministerio Público, entre otras instancias del Estado que atienden y llevan procesos por demandas de pensión de alimentos.

Solo en la Defensoría Pública en Managua se reciben y tramitan mensualmente entre 250 y 300 causas referidas específicamente a pensiones alimenticias.

En el Ministerio de la Familia en la ciudad de León, en los meses de mayo a junio recién pasados, se atendieron 169 demandas, de las cuales 79 se resolvieron a través de trámite conciliatorio, 39 se trasladaron a la vía judicial; mientras que 28 mujeres abandonaron la causa y 23 se mantienen en trámite.

[doap_box title=”Código de Familia y demandas por alimentos” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]

El machismo y la cultura misma en el país hace que el derecho de los hijos a esa pensión sea visto como un “acto vengativo” tanto de la parte demandante como de la demandada, olvidando el derecho de niños, niñas y adolescentes, comenta Marlene Ordóñez, funcionaria de Mifamilia en León.

Con la próxima entrada en vigencia del Código de Familia se espera mejorar la celeridad en las causas por alimentos; la demanda no será escrita, todo será verbal, se realizarán como máximo dos audiencias y ahí mismo quedará dictada la sentencia, explica Andrea Baltodano, coordinadora de la Unidad de Género de la Defensoría Pública en Managua.

Se pretende además la creación de nuevos Juzgados de Familia y el nombramiento de más jueces de Familia y defensores públicos. Y establece claramente los montos específicos a entregar de acuerdo con el número de hijos.

[/doap_box][doap_box title=”Infraestructura de Ley” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]

En Managua se cuenta con 24 defensores públicos, incluyendo ocho que están en municipios del mismo departamento.

Según la Ley 143 o Ley de Alimentos se entiende por alimentos todo lo indispensable para satisfacer las necesidades de alimentación, ropa y vivienda, atención médica, medicamentos y educación especial en caso de tener una severa discapacidad, educación, instrucción y aprendizaje de una profesión u oficio, espacios culturales y de recreación.

Los Juzgados de Familia se instalaron en junio de 2009 y según datos en los dos juzgados de Managua se han recibido un total de 7,000 causas, de las cuales el 29 por ciento se refiere a demandas alimenticias.

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“Es que no todas las demandas por pensión de alimentos tienen un final satisfactorio, lo ideal sería que se resolvieran en primera instancia a través del trámite conciliatorio o mediación, pero no siempre sucede así, y aquí recibimos un promedio de 85 y 90 demandas por mes”, explica Marlene Ordóñez, funcionaria del Mifamilia en León.

“PEGONES” Y ARTIMAÑAS QUEOBSTACULIZAN LOS TRÁMITES

Cuando el niño o niña no fue reconocido legalmente por su padre y en sus datos solo aparecen los apellidos de la madre, los procesos se extienden. Eso es lo que está sucediendo con David Salazar quien según la madre no reconoce legítimamente a Nelson, de 4 años y a Miriancita, de siete meses.

“Él dice que no son sus hijos, por eso ahorita voy con el apoyo de la Defensoría, vamos a verificar bien la dirección y así le puedan notificar que debe hacerse la prueba de ADN”. El llanto de la niña interrumpe, mientras la madre la mece en sus brazos y agrega con una mirada de esperanza: “Llevo diez meses en esto, le dejé pasar que no me reconociera el primero pero ahora estoy dispuesta a llegar hasta el final”, narra la joven de 28 años quien prefiere no dar su nombre.

Con la documentación completa y cuando se logra un trámite conciliatorio, una demanda de pensión de alimentos debe resolverse en un período de dos a tres semanas. “Mientras, cuando se procede por la vía judicial el proceso puede durar de uno a dos años, manifiesta Aleyda González, abogada de la Asociación Mary Barreda, ubicada en León .

Agrega que “esto no quiere decir que si el niño o niña no es reconocido, o si el padre se niega a realizarse la prueba de ADN, la madre no pueda demandar el derecho a alimentos, claro que se puede. Afortunadamente el artículo 574 del nuevo Código de Familia establece que cuando el presunto padre se niegue a practicarse la prueba de ADN, el registrador procederá a declarar la presunción de la paternidad y reconfirmará al hijo o hija con los apellidos de ambos progenitores”.

Por otra parte, los jueces de Familia llevan cientos de causas entre divorcios, tutela, reconocimiento paterno, etc., superando la capacidad humana de los funcionarios, y es cuando se llega al momento de la sentencia que se detiene o retrasa el proceso.

“Eso no debe desanimar a las mujeres en su demanda, porque la Ley también establece los alimentos provisionales, que significa un monto promedio que el juez establece cuando existen pruebas suficientes en la causa, y que el demandado deberá entregar mientras se agotan las etapas del juicio y se dicta la sentencia definitiva”, explica la coordinadora de la Unidad de Género de la Defensoría Pública, Andrea Baltodano Parriles.

Chepita Araya. LAPRENSA/A.VÁSQUEZ

EL CALVARIO DE MARISOL

Aunque la Ley de Alimentos plantea entre otros aspectos educación especial en caso de tener una severa discapacidad, eso ha quedado en papel mojado para el jovencito que llamaremos “Juan” y su mamá “Marisol”, quienes habitan en el barrio El Coyolar, en León, Juan tiene 20 años, padece de lesión cerebral, por eso se comporta y pareciera un niño de 12 años, según nos relata su mamá que se dedica a vender artesanías elaboradas de jícaro.

“Durante seis meses me estuvo pasando 250 córdobas mensuales, pero nunca más me ha dado un peso, se burla de mi hijo, y más bien le dice que me busque un marido y se busque otro papá que nos mantenga, eso duele mucho”, narra esta mujer de 42 años.

Y es que Juan Francisco Cano Martínez, el padre de Juan, es demandado actualmente en la vía penal, bajo el delito de omisión de alimentos. Ha evadido a la justicia para que no le lleguen las citas o notificaciones.

Ante una demanda de alimentos que beneficia única y exclusivamente a los hijos también existen agresiones verbales y psicológicas, chantajes de parte del demandado hacia la excompañera y sus hijos. Esto genera que mientras se desarrolla el juicio por alimentos, también se desarrolle una demanda por violencia contra la mujer.

Un caso distinto es el sucedido a Gloria Ortez en el departamento de Estelí. Mientras retiraba el cheque por la cantidad de dos mil córdobas que le entrega mensualmente el padre de sus tres hijos, nos cuenta que tardó ocho años para decidirse a realizar la demanda, y esperó un año para que le resolvieran su caso. “No es lo que realmente esperaba, pero me ayuda a solventar los gastos de mis hijos que después de la separación la carga me quedó a mí”.

Nacionales alimentos demanda Ley archivo

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COMENTARIOS

  1. QUÉ LOCURA
    Hace 12 años

    Esta es una situación difícil. Por un lado Jueces como la de San Marcos que impuso una pensión alimenticia de !!!CINCUENTA CÓRDOBAS MENSUAL!!! qué bárbara, por otro lado la Defensora Pública de Jinotepe que no permite que una pareja lleguen a acuerdo si no es lo que ella dice. Jueces que dictan pensiones de C$3,000.00 en contra de alguien que gana C$2,500.00. Funcionarios de MIFAMILIA como en Ticuantepe que se niegan a entregar actas y etc. Esa es la realidad ¿Quién revisa esto? NADIE.

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