El autoritarismo, la ilegalidad y la corrupción del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) son los principales males que no permiten que existan garantías mínimas para que los nicaragüenses puedan ejercer su derecho al voto el próximo 4 de noviembre y que la voluntad popular sea respetada.
El presidente inconstitucional Daniel Ortega se aprovecha de que la población no quiere violencia y por eso impone con ferocidad su voluntad contraviniendo los principios fundamentales de la democracia. Su autoritarismo, de momento, es imparable.
Aprovechando una enclenque oposición política marcada por la división que alimenta las mezquindades de sus dirigentes, el FSLN parece encaminarse a otras elecciones plagadas de corrupción y fraude. Basta recordar que en los Consejos Electorales Municipales (CEM) y en los Consejos Electorales Departamentales (CED), el FSLN impuso a directores administrativos sobre los presidentes del Partido Liberal Independiente (PLI) para anularlos en sus funciones.
Además, el FSLN tendrá ventaja en las mesas electorales porque contará con la complacencia de los partidos satélites como la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Alianza por la República (Apre) y de todo aquel que se quiera congraciar con el autoritarismo. El partido gobernante también creó la figura del coordinador del Centro de Votación, quien permitirá o no la entrada de observadores, periodistas y de cualquier otra persona.
Tal como lo plantean los miembros de Nicaragua 2.0 en su pronunciamiento del 11 de octubre pasado, “la legitimidad de las autoridades electas mediante la expresión soberana del pueblo supone la existencia de garantías mínimas, entre ellas un Consejo Supremo Electoral que actúe en el marco de la Constitución Política de la República y las leyes, respetando íntegramente la voluntad popular, como también se requiere de un sistema de partidos políticos moderno y plural, a la altura de las más sentidas demandas de la ciudadanía”.
Lo expuesto por Nicaragua 2.0 evidencia que no existe nada de eso, por el contrario, se observa un sistema político y electoral corrupto, por tanto, no se puede admitir que la contienda electoral municipal será limpia. El libre ejercicio del derecho al voto estará minado por las maldades del FSLN en aras de perpetuarse en el poder el tiempo que sea.
De lo que se olvidan los miembros de este partido político es que el tiempo pasa, el poder cambia de manos, y en el caso de los alcaldes que se aferren a la silla de la comuna avalados por el dedazo de la pareja presidencial, y más quienes están en la misma por el fraude electoral del 2008, jamás se podrán quitar de encima el señalamiento de su pueblo que los ve como cómplices del irrespeto a las leyes de la nación.
Nicaragua 2.0 recuerda que “están pendientes de investigación y resolución los delitos electorales y los fraudes de noviembre del 2008 y 2011, documentados y denunciados tanto por observadores nacionales y extranjeros, como por ciudadanos comprometidos con la libertad y la democracia. Seguimos esperando los resultados junta por junta de ambos procesos electorales”.
Las personas que están en el Consejo Supremo Electoral (CSE) desempeñándose como magistrados de facto, jamás han querido ser transparentes con los resultados electorales pasados, por el contrario, en las elecciones municipales, literalmente de la noche a la mañana y de un plumazo, aparecieron como alcaldes del FSLN varios candidatos que habían perdido claramente.
Sin embargo, hay que respetar la decisión de quienes ejerzan su derecho al voto en las próximas elecciones municipales, pero en todo caso, la población debe darle la oportunidad a quienes no han actuado de forma deleznable para optar al poder político y que sí respetan la voluntad popular. Hay quienes dicen que determinado alcalde propiedad del orteguismo “ha hecho cosas buenas por el pueblo y hay que votar por él, no importa que se haya robado las elecciones del 2008”. El punto no es ese, si ha hecho cosas buenas, en todo caso es su obligación porque quería ser servidor público, el punto es que no se debe avalar el latrocinio electoral, el irrespeto a la Constitución Política de Nicaragua y a la voluntad del pueblo. No se debe institucionalizar la arbitrariedad y la corrupción. Por eso hay que reflexionar antes de votar.
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