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Depuración policial en Honduras avanza lenta

Unos 4,000 de los 14,500 policías, casi el 30% de la fuerza, deberían ser sometidos al proceso de depuración, que incluye verificación de su patrimonio y pruebas de polígrafo, sicológicas y antidrogas, para determinar si deben salir de la institución, calculó Bonilla.

Por Noé Leiva

TEGUCIGALPA/AFP

A un año de que estallara el escándalo de infiltración de la Policía de Honduras por el crimen organizado, el proceso de depuración de la institución avanza lentamente, cuestionado por organismos de derechos humanos y observadores.

“Todo el proceso lo estamos haciendo enmarcados en la ley, con ayuda de países amigos por reclamo de la sociedad después de la crisis” que sobrevino en la Policía hace un año, declaró a la AFP el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.

Unos 4,000 de los 14,500 policías, casi el 30% de la fuerza, deberían ser sometidos al proceso de depuración, que incluye verificación de su patrimonio y pruebas de polígrafo, sicológicas y antidrogas, para determinar si deben salir de la institución, calculó Bonilla.

“Son estimaciones y van a ir saliendo durante el proceso de esas 'pruebas de confianza', algunos han sido separados ya y otros se han separado solos: entre 350 y 400 se quedaron 'faltistas' (no volvieron al puesto tras salir de día libre) porque saben que se les sigue un control”, agregó, sin precisar cifra de destituidos.

MANZANAS PODRIDAS

La noche del 22 de octubre de 2011 ocho policías mataron a dos jóvenes, uno de ellos hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, tras perseguirlos por no detenerse en un retén de registro.

Toda la trama que, según las investigaciones, montaron para encubrirse y descubierta por indagaciones propias de Castellanos y peritos de la UNAH, permitió develar un secreto a voces: sedes policiales operaban como oficinas de apoyo a narcos, secuestradores, roba carros, extorsionistas y sicarios. Decenas fueron detenidos pero no enjuiciados por falta de pruebas.

El presidente Porfirio Lobo ordenó entonces “sacar a las manzanas podridas”, para lo cual creó en noviembre de 2011 la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP). En junio pasado se creó una comisión de tres intelectuales y expertos de Chile y Canadá para hacer un proyecto de reformas en seguridad, y certificar el trabajo de la DIECP.

“Es un proceso técnico, legal, que mediante pruebas de confianza decidirá quiénes tienen actitud para mantenerse en la Policía. No puede caer en la inmediatez que muchos hondureños reclaman, porque nos puede llevar a cometer injusticias”, expresó a la AFP el director de la DIECP, Eduardo Villanueva.

Pero el proceso no logra convencer, ni en avance ni en transparencia, a un país que afronta una ola de violencia sin precedentes, con 92 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2011, la tasa más alta del mundo, según la ONU.

“No se ha visto ningún avance, pese a la emergencia que hay en el país. Los crímenes son espeluznantes”, lamentó la coordinadora de Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva.

El comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio, consideró la depuración policial “vital para empezar a resolver el alto nivel de violencia, corrupción e impunidad” en el país.

“Hay oficiales que tienen flotas de taxis, buses y hasta camiones, y no vienen de familias de dinero, entraron a la institución por necesidad de un trabajo”, comentó a la AFP María Borjas, ex comisionada de policía, quien dijo haber sido retirada por denunciar irregularidades en la institución.

De las pruebas a 145 policías, 70 han sido entregadas: “33 resultaron reprobados y ya separados” de la policía, según la DIECP.

Las autoridades reconocen que algunos se han negado a someterse a los exámenes. “Es un proceso lento, se requiere que cumplan y tengan firmeza”, advirtió Castellanos. “La policía no es de depurarla sino de cambiarla toda.

Si a uno le miran un celular lo detienen, le dicen que es robado y se lo quitan o le quitan el pisto (dinero)”, generalizó José Napoleón Bustos, de 73 años, vecino de la colonia Kennedy, en el este de Tegucigalpa.

Un agente policial de la zona, de 45 años y cuyo nombre se reserva por su seguridad, no habla en mejores términos: “Son más los malos que los buenos. Si le hacen cosas a uno ¿qué no harán en la calle? A mí me robaron el portafusil (una faja de cuero) y, si me descuido, me roban el arma”.

Internacionales Honduras Policía archivo

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