El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, y un solitario diputado de la oposición, criticaron la ratificación por parte de la Asamblea Nacional del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos del sector laboral doméstico. La crítica se refiere particularmente al aspecto del acuerdo internacional que manda a establecer una rígida jornada laboral de ocho horas diarias y el pago de horas extras por el tiempo adicional de trabajo.
Después que el instrumento de ratificación del Convenio sea depositado en la OIT, habrá un período de un año para que entre en vigencia en Nicaragua, después del cual su aplicación será obligatoria para todos los efectos, los cuales, según el líder empresarial y el diputado opositor solitario, serán perjudiciales para las mismas trabajadoras domésticas a las que supuestamente se pretende beneficiar. Opinión que nosotros compartimos.
En realidad, el Convenio 189 de la OIT, el cual fue aprobado el 16 de junio de 2011 y hasta ahora solo ha sido ratificado por tres países, incluyendo a Nicaragua (los otros dos son Uruguay y Filipinas) es una normativa de inspiración populista y marxista, corrientes políticas e ideológicas que desde el siglo XIX le vienen ofreciendo el paraíso en la tierra a los trabajadores, pero en la realidad lo que les han dado es todo lo contrario.
Para la creencia populista y marxista el servicio doméstico no es una forma digna de trabajar y ganarse la vida honradamente, sino una modalidad de esclavitud y servidumbre que se viene arrastrando de las sociedades esclavistas y feudales; y por tanto creen que se debe abolir el servicio doméstico de una sola vez o gradualmente. Por eso una de las primeras medidas impuestas por Lenin y el Partido Comunista en la Rusia soviética, cuando tomaron el poder en 1917 e iniciaron la revolución comunista, fue abolir lo que llamaron esclavitud del servicio doméstico. Pero lo que resultó fue que se recargó el trabajo de las mujeres, las que al regresar a sus hogares de las fábricas y campos de labor después de cubrir largas y extenuantes jornadas, llegaban a realizar los oficios domésticos indispensables, que se pueden aliviar pero nunca suprimir.
Sin duda que está bien y es necesario mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas y de toda la gente que trabaja en general. Pero la justicia laboral se debe aplicar de manera razonable, de acuerdo con la realidad económica y no por los afanes y los delirios populistas, que al fin y al cabo causan más daño que los males que supuestamente pretenden remediar.
Se dice que en Nicaragua hay doscientas mil trabajadoras domésticas. Pero apenas un diez por ciento de ellas, como máximo, le presta servicio a familias adineradas y a la opulenta nueva burguesía orteguista, las únicas que tienen recursos económicos suficientes para ajustarse a lo establecido en el Convenio de la OIT.
La inmensa mayoría de las empleadas domésticas, como lo ha dicho el presidente del Cosep, trabajan para familias de clase media y baja cuyos ingresos son modestos, de manera que no podrán pagar lo que se pretende con la normativa del Convenio 189 de la OIT. De manera que muchas trabajadoras domésticas tendrán que ir al desempleo y muchas otras verán reducido su complementos y por lo tanto su ingreso real ordinario.
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