Moisés Martínez y Ramón potosme
La empresa estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic) reportó 45 millones de córdobas (1.8 millones de dólares) como ganancias para Presupuesto General de la República, a pesar que opera al menos 550 millones de dólares al año (13.5 mil millones de córdobas).
El diputado Enrique Sáenz Navarrete considera “ridículo” el aporte de Petronic, a quien señala como la punta del iceberg de los negocios turbios en torno al petróleo de la cooperación venezolana.
“Es casi una burla, porque si hablás de una factura petrolera que ronda los mil millones de dólares, que la rentabilidad esté a ese nivel, significa una de dos, o que son sumamente ineficientes, o que son sumamente turbios”, consideró Sáenz.
MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES
Según las cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua la factura petrolera venezolana alcanzó los 1,256 millones de dólares el año pasado. Nicaragua paga la mitad casi a lo inmediato, y la otra mitad a manera de financiamiento a 25 años de plazo.
Este 50 por ciento es canalizado de regreso a Nicaragua por medio de la empresa Alba de Nicaragua (Albanisa) a través de subsidiarias como Alba Caruna, el banco paraestatal del Gobierno.
Este dinero pasa a formar parte de una “deuda privada” de Albanisa, que podría ser pagada por los contribuyentes nicaragüenses, pero es usado con absoluta discreción por el presidente Ortega y su entorno familiar y político.
Esta empresa fue adquirida con fondos del acuerdo petrolero venezolano, pero en vez de pasar a manos del Estado, se convirtió en el bien más preciado de la familia presidencial.
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Petronic es dueña del 49 por ciento de Albanisa, encargada de la importación y distribución del combustible venezolano, de acuerdo con el esquema Alba firmado entre Venezuela y Nicaragua en 2007.
EXPLICACIONES CONFUSAS
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional esta semana, dijo que el tema del precio del combustible respondía a problemas estructurales y que Nicaragua no podía comprar suficiente combustible cuando está barato porque no tiene capacidad de almacenamiento, además de los costos logísticos, pues Nicaragua carece de un puerto en el Caribe.
El diputado Saénz considera que Petronic es como una caja negra en la que operan movimientos no claros del dinero que resulta de la concesión del petróleo venezolano.
Para el legislador, el Gobierno debe responder una serie de preguntas sobre las finanzas de Petronic, como el monto de sus ganancias, las operaciones con las gasolineras y distribuidoras de combustible.
De esta forma, según el legislador se podría establecer con claridad el monto del aporte de Petronic al gasto o inversión pública.
Para ello, señala que el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) ha hecho una serie de propuestas, entre ellas clarificar las ganancias de Petronic y redistribuirlas para que el precio del combustible en Nicaragua no sea el más caro de Centroamérica.
“Me parece como que es una de las cajas negras que sirven para encubrir los movimientos turbios con la cooperación petrolera venezolana. Difícilmente el orteguismo va a abrir esa caja, mientras retenga el poder dictatorial”, dijo Sáenz.
Otra de las propuestas es la de establecer la paridad con los precios de importación que se usa en otros países. Pero asegura que esta tampoco prosperó, incluso cuando había una iniciativa similar en el Ministerio de Energía y Minas, porque chocó con intereses de mayor magnitud alrededor del negocio del combustible.
El ministro Acosta no ahondó más sobre el pobre aporte de Petronic y dijo que eso es todo lo que podía ofrecer esta empresa estatal.
Petronic es administrada por Francisco López, un personaje huraño y apartado que fungió por mucho tiempo como tesorero del Frente Sandinista, y que con la llegada al poder del presidente Ortega pasó a ser quien manejara las arcas de las millonarias operaciones del acuerdo petrolero con Venezuela.
Actualmente, entre las grandes operaciones anunciadas por Albanisa está la ampliación del complejo petrolero ubicado en Nagarote, León, el cual está denominado como la primera etapa del megaproyecto insignia de la administración del presidente Ortega; la construcción y puesta en operación de la refinería denominada como el Supremo Sueño de Bolívar.
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