Vladimir Vásquez
El embajador de España en Nicaragua, León de la Torre, dijo que esperan un entendimiento entre el Gobierno y la empresa de distribución eléctrica Gas Natural.
De la Torre explica que “los dos presionan, es una negociación” y agregó que aún no se logra un entendimiento que permita a la empresa cubrir las pérdidas de unos ochenta millones de dólares anuales por sustracción ilegal de energía.
LA PRENSA intentó obtener la versión oficial en la gerencia de comunicaciones de Gas Natural sobre las negociaciones que ambas partes vienen realizando desde hace semanas y que todavía no concluyen, pero Jorge Katín dijo: “Aquí no manejamos nada de eso… es un equipo de España y el Gobierno…”
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“Para vender hay que tener un comprador, por lo que he escuchado y solo me remito a las declaraciones de autoridades y portavoces del Gobierno, se ha dicho que no, que no están interesados en comprar la empresa”, dijo De la Torre a periodistas este martes cuando se le consultó sobre la posibilidad de que el Gobierno adquiera Gas Natural o una mayoría accionaria en la empresa.
QUIEREN TRANSPARENCIA
El diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Sáenz, aseguró que tratándose de una empresa de servicios públicos “la negociación también debería ser pública”.
Dijo que el problema radica en la confusión que, según él, hay entre el Estado y los grupos económicos vinculados al partido de gobierno.
“Lo que resulta es un río revuelto y uno no sabe a qué atenerse y empieza a dudar de si la pugna es por la participación del Estado en la empresa o si es por la participación del grupo económico que encabeza (Daniel) Ortega”, afirmó Sáenz.
El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, Mario Amador, espera que la empresa siga operando en el país y que se llegue a un entendimiento satisfactorio entre las partes, “de lo contrario sería el peor mensaje que podría enviarse a nivel internacional”, advirtió.
Amador expresó que el problema radica en las pocas ganancias que tiene la empresa distribuidora, pues compra la energía cara y la vende a un precio inferior; “eso te crea una carga financiera que es lo que se llama diferencia tarifaria”.
El lunes pasado el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, dijo que la empresa ya debería haber dado una respuesta a lo que el Gobierno ha puesto sobre la mesa. El funcionario explicó que esta propuesta implica la permanencia de la empresa en el país bajo un compromiso de asumir costos, inversión y buena atención a los clientes, mientras que el Gobierno mantendrá los subsidios y las pérdidas cubiertas.
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