En las próximas elecciones municipales triunfarán la apatía, el abstencionismo y el modelo que impulsa el régimen actual del ciudadano súbdito, que es aquel que se preocupa porque solamente les resuelvan sus necesidades obviando reclamar y ejercer sus derechos que de acuerdo con la Constitución Política y las leyes del país les confieren.
Es importante establecer diferencias entre el súbdito y el ciudadano. El primero implica una situación jurídica por la cual una persona depende del Estado de por vida, con un ejercicio limitado de los derechos civiles y políticos. Mientras que el ciudadano mantiene un vínculo diferente con el Estado, ya que goza de diversos derechos y está en la obligación de exigir que se respeten esos derechos.
El régimen afianza su modelo de ciudadano súbdito a través de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que están trabajando activos en los barrios del país para ofrecer zinc, becas, reparar casas, otorgar avales para conseguir trabajo en las instituciones estatales, entre otras cosas. En tanto que en las zonas rurales entregan chanchitos, gallinitas, facilitan préstamos a sus militantes y simpatizantes. Asimismo, el Gobierno impulsa sus programas Usura Cero, Hambre Cero y bonos solidarios, entre otros. Todos estos programas populistas salen del fondo venezolano que no pasa por el Presupuesto General de la República. En nuestra sociedad, carente de una verdadera oposición que presente alternativa al régimen actual, las personas ya no buscan a la Alcaldía para ejercer su derecho de reclamo por un mal servicio, sino que buscan a los CPC que se han convertido en una instancia paralela a los concejos municipales para que les brinden respuestas. Es decir, no impera el respeto a las leyes e institucionalidad del país sino al “conecte”. La población no reclama sus derechos por las vías que establecen las leyes, sino que buscan esa instancia partidaria y ya lo ven como un favor, que sumado a las regalías de los programas antes mencionados van creando una ciudadanía súbdita en vez de una ciudadanía crítica.
El ciudadano debe pensar, participar, decidir, ser responsable. Ser ciudadano en una democracia no es limitarse a obedecer consignas partidarias a través de los CPC y de los poderosos medios de comunicación que ahora tiene el partido gobernante. Tampoco es suficiente votar. Porque el voto no es el punto final sino el punto de partida de la democracia. Antes de proceder a tomar la decisión de votar hay que analizar, hay que pensar, hay que criticar y hay que exigir.
Pero el electorado no sandinista se preguntará, ¿vale la pena ir a votar? La denominada oposición pasó meses enumerando las anomalías del partido en el poder, exigiendo que no asistirían a los comicios municipales si el Consejo Supremo Electoral no reparaba dichas anomalías y establecía las mínimas condiciones de credibilidad y transparencia. Igualmente aseguraron que si no se cambiaban a los magistrados de facto que han realizado al menos tres fraudes electorales no participarían. Pero por arte de magia, sin que el poder electoral haya subsanado todas las anomalías y con los mismos magistrados, ahora la denominada oposición está llamando al voto y se atreve a decir que existe un gran entusiasmo en la población para votar. Con qué facilidad mienten y por eso es que estos políticos tradicionales están desacreditados ante la sociedad nicaragüense.
Los ciudadanos de pleno derecho tienen la obligación de construir una democracia real, más justa y participativa. Lo cual quiere decir que hay que ejercer la crítica, desarrollar la denuncia, presionar al Gobierno y, en definitiva, participar. Como bien señaló la Conferencia Episcopal de Nicaragua, los ciudadanos deben tener más participación en los cambios que deben realizarse en el país para lograr un cambio en la forma de hacer política y buscar nuevos liderazgos en los partidos para conformar una verdadera oposición. Conformarse con ser súbditos es una traición a la democracia.
El autor es Periodista.
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