La presentación de testigos encapuchados en un juicio contra acusados de narcotráfico es totalmente nula y aceptarla so pretexto de proteger a los testigos no favorece la bienandanza de la justicia.
No pretendo dorar el perfil de los procesados, solo quiero que nos percatemos que esta “prueba” es una aberración que socava los fundamentos de la prueba testifical, empaña la función jurisdiccional que es una de las funciones más éticas y humanas que ejerce un Estado y se violentan la Constitución, la lógica jurídica, la equidad y el sentido común. Recordemos que la Diosa Iustitia es representada como una mujer con los ojos vendados portando una balanza y no como un verdugo con capucha.
Cualquier abogado competente sabe que las pruebas encarnan, no la verdad, pero sí la verdad de cada parte y deben ser indubitables, por lo que es desechable la declaración de quien oculta su identidad. Testigo etimológicamente proviene de “testis”, “cabeza”, siendo el testigo quien daba la cabeza o la cara y decía la verdad en un tribunal, por lo que no es confiable un testigo encapuchado como un verdugo en un patíbulo
A despecho de las normas del debido proceso que rigen los juicios era previsible que los procesados por narcotráfico fueran condenados de antemano, por lo que es insólita una prueba tan tosca. Los conocimientos milenarios acumulados en torno a la prueba testifical instituyen que los testigos deben ser veraces e imparciales y los encapuchados hasta son “non natos”, pues al encubrir por temor su identidad, se vicia su voluntad y su declaración no la rinden libre de coacciones y amenazas.
El Código Procesal Penal permite que un testigo temeroso oculte su domicilio, pero expresamente prohíbe encubrir su identidad. Con esta “prueba”, un encapuchado que renuncia a declarar puede suplantarse por cualquier otro o puede declarar como testigo un enemigo capital de un procesado. Un testigo enmascarado no puede ser tachado, pues es requisito sine qua non conocer su identidad y hasta pormenores de su vida. ¿Esta “prueba” es solo producto de otra “discrecionalidad o error de interpretación”, habituales en nuestro país o son atisbos de un Estado policíaco parapetado en la función jurisdiccional? Si tal prueba se consagra, podría ser lícita una absolución de posiciones en un sobre cerrado que nunca se abre o que se abre pero el juez lo oculta a la contraparte. O podría practicarse un peritaje con la identidad del experto oculta al adversario procesal.
¿Cómo hubieran reaccionado en los años setenta reos como don Daniel Ortega y don Tomás Borge si se les hubiera sentenciado en base a testigos encapuchados? La Regla de Oro: No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo es un precepto ético cardinal pero puede servir de inspiración al interpretar el mérito de esta prueba. Y no es cuestión de reformar leyes para convalidarla. Con esta “prueba”, de un mazazo se desmoronan capítulos de los Códigos, jurisprudencia y doctrina que la regulan y se implica en una danza sombría a instituciones como la Policía, la Fiscalía y los tribunales.
¿Qué magisterio jurídico se estudia y aplica en Nicaragua? Los funcionarios que han ofrecido y valorarán la prueba encapuchada probablemente ostenten extraordinarios currículos profesionales, pero estos no deberían despilfarrarse promoviendo y avalando estos adefesios jurídicos. Tal erudición se merece un mejor destino, por lo que para sentar un precedente, desde ahora y para siempre, en este juicio del narcotráfico y en cualquier otro la testifical encapuchada debe desestimarse como una prueba nula e ineficaz.
El autor es abogado y notario público.
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