Ramón García Gibson (*)
El pasado 26 de octubre de 2012 tuve la oportunidad de participar como expositor en el IV Seminario Internacional Gestión de Riesgo del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en el Sector Seguros, organizado de forma excelente por la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) celebrado en la ciudad de Lima, Perú, situación que me hizo reflexionar sobre un sector desde mi punto de vista poco entendido y atendido por las autoridades de la región latinoamericana en lo que a lavado de dinero se refiere.
Inicié mi participación en dicho seminario realizando algunos cuestionamientos que considero importante reflexionar sobre los mismos a fin de determinar si el sector asegurador es vulnerable o no para que el dinero ilícito de la delincuencia organizada lo penetre. En ese orden de ideas dichos cuestionamientos fueron los siguientes: ¿Es sencillo lavar dinero en una aseguradora?; ¿será un sector atractivo para la delincuencia organizada?; ¿la delincuencia organizada busca lavar dinero o cubrir sus riesgos? y ¿si son exagerados y costosos los controles que imponen las autoridades al sector para combatir dicho delito?
Como se podrá usted imaginar estimado lector, las respuestas a las preguntas que se mencionan en el párrafo anterior fueron variadas, aunque en las que coincido plenamente es en que si bien es cierto que el lavado de dinero en el sector seguros no se da con la misma intensidad del sector bancario el peligro existe y hacen falta lineamientos específicos por parte de las autoridades, dirigidos al sector asegurador toda vez que los existentes en la mayoría de los países de la región son muy enfocados a los bancos, problema recurrente con impacto no solo en el sector asegurador sino también en los lineamientos que para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo emiten las autoridades para otras entidades financieras distintas a las bancarias, muchas veces no aplicables al giro de sus actividades. Por cierto que el financiamiento al terrorismo es un tema que con respecto a su prevención, detección, monitoreo y reporte me atrevo a decir que no acaba de ser entendido tanto por los sujetos obligados como por las autoridades de gran parte de la región latinoamericana.
Llamaron poderosamente mi atención durante el seminario un par de temas: 1) Enterarme que Perú se ha convertido en el primer productor mundial de hoja de coca así como; 2) El conocer la estadística que durante el periodo 1999-2012 maneja la Unidad de Inteligencia Financiera del Brasil (COAF) en el sentido que las empresas supervisadas por el Banco Central del Brasil (Bacen) registran el 53 por ciento de participación sobre el total de reporte de operaciones sospechosas recibidos y las empresas del mercado asegurador aproximadamente el 46 por ciento. Sin importar el tamaño del mercado brasileño y comparándolo proporcionalmente con el de otros países de la región, el número de operaciones sospechosas reportadas por el sector asegurador es dramáticamente mucho menor al que maneja Brasil, situación que debería preocupar en demasía a las autoridades de dichas naciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina a diciembre de 2011, en el rubro de reporte de operaciones sospechosas, maneja la siguiente estadística: sociedades de capitalización y ahorro 6,051; entidades financieras 11,824; casas de cambio 1,560; Registros de la Propiedad Inmueble 400; Registros de la Propiedad automotor 263; juegos de azar 181; sector seguros 158; escribanos públicos 390; emisoras cheques de viajeros u operadoras de tarjetas de crédito o de compra 82; remesadoras de fondos 315; transportadoras de caudales 54; agentes de Bolsa, Soc. de Bolsa y FCI 62; obras de arte, antigüedades y otros 6; despachantes de Aduana 2; otros 7; profesionales Ciencias Económicas 11; organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas.
1. La Unidad de Inteligencia Financiera de Perú con respecto al número de reportes de operaciones sospechosas por tipo de sujeto obligado de enero de 2007 a septiembre de 2012 maneja los siguientes datos: bancos 37 por ciento; empresas de transferencias de fondos 31 por ciento; empresas administradoras de fondos colectivos 14 por ciento; cajas municipales cuatro por ciento; administradoras de fondos de pensiones dos por ciento; vendedores de automóviles, embarcaciones y aeronaves dos por ciento; casas de cambio dos por ciento y otros ocho por ciento. A no ser que el sector asegurador se encuentre dentro del rubro de otros no existen cifras de que hayan existido reportes de operaciones sospechosas a la autoridad.
Como aquí se ha mencionado, existen actividades vulnerables fuera del sector financiero que no contemplan las leyes de algunos países de la región, situación que los pone en un riesgo real de que dichos sectores estén siendo utilizados por la delincuencia organizada para lavar los recursos procedentes de sus actividades ilícitas. Asimismo gran parte del sector asegurador no está identificando y reportando números importantes de operaciones sospechosas a las autoridades de sus países (algunos con ningún reporte), situación que debería poner a dichas autoridades a identificar de inmediato la causa del problema y así evitar que dicho sector se convierta en el blanco preferido del dinero sucio de la delincuencia. Recomiendo a las autoridades encargadas de prevenir el lavado de dinero en el sector asegurador de Latinoamérica para no caer en el supuesto mencionado por Albert Einstein cuando decía, “la vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa”. ¿Estarán las aseguradoras seguras de la amenaza que representa el lavado de dinero? Su opinión es importante estimado lector.
(*) Esta columna es publicada los lunes en El Financiero de México. [email protected]
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