Lo que son las cosas. En el caso de Collor de Melo no hubo dudas, era corrupción y cayó como presidente. En Argentina, en una operación parecida, pero ni cerca en cuanto a tamaño, eficiencia, organización y resultados, nadie cuestiona que se trata de un claro caso de soborno y se han dado vueltas y vueltas para implicar como responsable al entonces presidente de la República, Fernando de la Rúa.
Con respecto al “mensalao” es distinto. Se da por hecho que el expresidente Lula nunca sospechó que todo el apoyo “extra” que su Gobierno recibía en el congreso era el resultado de una operación de compra de votos, con dinero público, que llevaban a cabo, entre otros, algunos de sus ministros y su mejor amigo, mano derecha y colaborador de siempre. Nunca tuvo ni el más mínimo indicio.
Eso sí, cuando el asunto se “destapó”, Lula lloró, y abjuró y sacó de su lado a los pecadores.
Pero ahora que la justicia brasileña, casi diez años después, va a hacer pagar en serio a esos pecadores, a los que Lula rápidamente apartó en su momento para salvar el pellejo, resulta que se sienten presos políticos. Según ellos —siempre libres de culpas— son víctimas de fuerzas conservadoras, pues lo que hicieron fue nada más que una operación legal para crear una mayoría en el Congreso capaz de aprobar las reformas presentadas por Lula y de apoyar el primer gobierno de izquierda del país.
El detalle es que para lograr esas alianzas y “ayudar a pagar deudas de la campaña electoral de algunos legisladores y partidos” (no sobornar por supuesto, los progresistas y la izquierda no hacen esas cosas), utilizaron unos 70 millones de dólares que según la sentencia del Supremo fueron tomados del erario público. ¿Qué hubiera dicho el PT de los partidos “conservadores” si estos hubieran “ayudado” a legisladores de otros partidos a pagar sus “deudas de campaña”, con dinero público pidiéndoles como contrapartida sus votos en el Congreso legislativo?
José Dirceu el acusado número uno, poderoso ministro de Casa Civil de Lula, su amigo personal y mano derecha, presidente del Partido de los Trabajadores, exguerrillero, se considera totalmente inocente y dice que no hay ninguna prueba que justifique su condena. El Supremo lo condenó por ser el organizador de la trama criminal y por corrupción activa. Dirceu clama “Condenar sin pruebas no cabe en una democracia soberana”. (Le convendría darse una vueltecita para ver qué es lo que pasa por la casa de sus amigos y correligionarios Correa, Chávez y Fernández de Kirchner, por ejemplo).
Lo concreto es que el Supremo, en el que han actuado 11 jueces, ocho de los cuales fueron designados por el expresidente Lula y la presidente Dilma Rousseff, dice que se trata de delitos cometidos por una “banda criminal” integrada por personajes de “traje y corbata” que crean en la sociedad un “desasosiego mayor que los crímenes de sangre”. Para el cuerpo judicial constituyó una acción criminal con el propósito de perpetuar a Lula y su partido en el poder y al respecto el decano del alto Tribunal ha dicho que nunca durante su vida profesional había estado frente a un delito “de organización criminal” que se presentara “con tanta nitidez”.
Ahora, si se empieza a informar todo este tipo de cosas que contradice el discurso tan en boga, no va a faltar quien diga que habría que indagar si todo no obedece a una presión de fuerzas conservadoras o un complot de la oligarquía mediática. ¿No? El autor es periodista uruguayo, director del semanario Búsqueda.
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