Martha Vásquez
A pesar de que las defensas de los 18 mexicanos que se identificaron como periodistas de Televisa rechazaron la declaración del testigo bajo el código número uno, con identidad oculta, ofrecido por el Ministerio Público, el juez Edgar Altamirano consideró que ofrecía elementos diferentes al testigo oculto número dos y por tanto no lo excluyó del juicio.
El debate se dio ayer durante la audiencia preparatoria a juicio en el Juzgado Noveno Distrito de Juicio de Managua.
Los abogados defensores calificaron de impertinente y repetitiva la declaración del testigo bajo el código número uno. Además consideran ilegal la carta del embajador de México en Managua, Rodrigo Labardini, que está ofrecida como prueba documental.
“Es ilegal porque Rodrigo Labardini no es autoridad administrativa ni legal de Televisa, no es responsable de recursos humanos, que lo acredite para dar tal aseveración —decir que no son empleados de Televisa—, por tal razón es ilegal”, dijo la abogada Amy García.
También estaba la abogada Orieta Benavides, del bufete jurídico Taboada y Asociados, que representa a la empresa Televisa. Ella expresó que solo andaba como observadora del proceso. En la sala de audiencia también estaba presente la comisionada Glenda Zavala, responsable de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional. En la audiencia se solicitó el traslado de Raquel Alatorre a la cárcel La Esperanza.
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El abogado defensor Ricardo Martínez dijo que no era trascendental establecer si los acusados son o no trabajadores de Televisa en el caso de lavado de dinero y crimen organizado, por eso la carta del embajador era impertinente.
Fiscalía defiende prueba
Sin embargo, el fiscal Giscard Moraga argumentó que el documento no es ilegal porque proviene de una sede diplomática de México en Nicaragua, “por eso estaba en perfectas condiciones para contestar este requerimiento que le hizo Auxilio Judicial”.
Moraga además argumentó que la misiva es importante porque los mexicanos en todo momento dijeron que eran trabajadores de Televisa, “por eso no es situación ajena a los hechos, son los medios que utilizaron para trasladar el dinero sin despertar sospecha o indicios de cometer ilícitos. Son técnicas de distracción de parte de los acusados, por eso pido que no sean excluidos”, argumentó el fiscal.
Los abogados defensores también hicieron referencia a las declaraciones de al menos tres trabajadores del hotel donde se hospedaban los procesados, cuando pasaban por Nicaragua, ya que las consideran impertinentes y repetitivas porque no abonan al juicio, pero la Fiscalía argumentó lo contrario.
Al final el juez Altamirano decidió que no excluiría ninguna de las pruebas porque argumentó que el sistema nicaragüense tiene libertad probatoria.
“Los testigos uno y dos se refieren a situaciones muy diferentes. Los demás testigos estuvieron en momentos diferentes por lo tanto no son repetitivos”, agregó el judicial refiriéndose a los empleados del hotel capitalino.
Para sorpresa de todos los presentes, el judicial cerró la audiencia y programó el juicio para el próximo 10 de diciembre a la 1:00 p.m. Se manejaba que el juicio iba a empezar inmediatamente después de esa audiencia.
Menos seguridad
La audiencia se desarrolló con poca seguridad dentro y fuera de los juzgados, a diferencia del juicio contra el grupo narco de Henry Fariñas. También se observó una mejor relación entre policías y procesados, porque Raquel Alatorre se comunicaba sin problemas con sus demás compañeros.
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