Vladimir Vásquez y Eddy López
Los enfrentamientos que se registraron entre pobladores de San Jacinto, en el municipio de Telica, León y la Policía Nacional son resultado de las necesidades insatisfechas de los primeros, según expertos. La batalla campal dejó cincuenta heridos, entre ellos 13 policías y 38 detenidos. Los pobladores exigían a la empresa Polaris Energy Nicaragua SA, el desarrollo de obras de agua potable, energía eléctrica y empleo para los lugareños.
Estas necesidades básicas deben ser satisfechas por el Gobierno, pero erróneamente las empresas se han comprometido a resolverlas en nombre de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), dijo el sociólogo Cirilo Otero.
“La relación que se ha desarrollado entre la fuerza de trabajo y las empresas va más allá del salario, es una relación que tiene que ver con beneficios sociales comunitarios”, explicó Otero.
Los pobladores enardecidos ante la presencia policial quemaron una caseta de seguridad ubicada en la entrada principal de la planta Polaris.
La última batalla fue al mediodía, dejando como resultado a más de una docena de heridos entre ellos Fidel Rivera, de 29 años, quien presenta desprendimiento parcial de la nariz producto de los impactos de bala de goma y Francisco Alvarado, de 27 años, con una herida en el tórax.
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Otero ve estos casos repetidos en diferentes sectores, como la minería y la pesca, donde las personas ven que las empresas extraen las riquezas a su gusto.
De igual modo el sociólogo Óscar René Vargas consideró que tras la protesta social y posterior enfrentamiento policial, hay una responsabilidad compartida, tanto de la empresa inversionista, como por el Estado y las autoridades municipales de Telica.
Según Vargas, toda intervención de empresa en una comunidad se ve como un gesto de agresión cuando “contaminan, cortan árboles, no toman en cuenta a la población y se llevan todos los recursos sin invertir en la comunidad”.
“No sé si este sea el caso exactamente de este conflicto, pero detrás de la protesta hay una demanda social por servicios básicos que el Estado debería garantizar junto a la Alcaldía local, no hay excusas para agredir a una población que demanda a una empresa lo que el Estado no puede garantizarle, ese es el principal problema que veo ahí”, dijo Vargas.
EMPRESA DIALOGARÁ
El presidente de Polaris, Mario Arana, aseguró que para ellos es imposible revolver las demandas que tienen los pobladores, pues según explica, “ellos están pidiendo energía gratis de por vida y eso no es factible”, expresó Arana a LA PRENSA.
El presidente de la empresa aseguró que los acuerdos se habían firmado desde marzo pasado, pero ahora han surgido estas nuevas demandas que considera “irracionales e irresponsables” pero que están dispuestos a mantener las negociaciones que se suspendieron el jueves, mientras no haya más protestas violentas.
FALTA CALIFICACIÓN
Según Arana, los pobladores se declararon incapaces de definir un líder que los represente ante la empresa y que defina sus exigencias, lo que atrasó el proceso negociador.
Según Otero, Nicaragua atrae la inversión extranjera ofreciendo mano de obra barata y así se ha logrado hacerle una competencia desleal a los demás países centroamericanos.
Pero esto incluso destaca la poca calificación que hay en el país de la fuerza obrera, lo que evita que las empresas puedan contratar personal capacitado para asumir cargos necesarios en este tipo de empresas.
“A la gente le están pagando sueldos miserables y por tanto la gente reacciona demandando satisfacción de otras necesidades adicionales”, resaltó Otero.
Para la empresa, no podrá ser posible dar empleo a todas las personas que están manifestándose —según Arana— pues ellos subcontrataron a una empresa constructora y en la planta solo quedarán los trabajadores que ellos necesitan para la operación de la misma, que serán aproximadamente unos 150.
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