Lucía Navas
La Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) intentará que al momento de la aprobación de la nueva Ley de Concertación Tributaria se modifiquen las medidas que van contra los asalariados.
A través del dictamen de minoría que trabaja la oposición se planteará que baje gradualmente un tres por ciento la tasa del 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a partir de los dos años que entre en vigencia la nueva Ley.
El objetivo es aliviar la presión que sufrirá la clase media trabajadora en la compra de la canasta básica con el cobro del IVA a cinco alimentos como son el arroz 96/4, el café ciento por ciento pureza, el aceite de oliva y a base de maíz, azúcar refinada y dos cortes selectos de res.
El dictamen de minoría lo elaboran Eliseo Núñez Morales, Carlos Langrand y Enrique Sáenz, miembros de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional. Núñez Morales explica que la propuesta es que el IVA baje a partir del 2015 que es hasta cuando el Gobierno deja inalterable el sistema de exoneraciones y exenciones. “Como al ir quitando esas exoneraciones la recaudación aumentaría entonces que el IVA baje un punto porcentual por año y de esa forma le das liquidez a la clase trabajadora”, afirma Núñez.
La BDN afirma que con el beneficio de que se reducirá la tasa del IR progresivo, lo que no se ha dicho es que será efectivo a partir del 2016 y luego por los siguientes cinco años, y por lo tanto toda la fuerza de la reforma en sus primeros años caerá sobre los trabajadores.
CULPAN AL COSEP
Sindicatos independientes y los diputados opositores responsabilizan al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de haber acordado con el Gobierno la reforma fiscal que, insisten, daña a los asalariados. “Es estilo de Daniel Ortega es de sentarse a negociar con quien tiene el dinero y no con quienes tenemos la representación del voto del pueblo”, criticó Morales.
Incluso, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), quien representa a 252 grandes empresas, ni siquiera fue consultada por el Cosep para elaborar la contrapropuesta fiscal.
“No nos invitaron a participar y lo manejó el Cosep enteramente con el Gobierno… En nada fuimos consultados y estamos conociendo los resultados hasta ahora que lo están presentando (el proyecto de ley)”, dijoYalí Molina, presidente de Amcham.
A Amcham le preocupa el tratamiento a los servicios profesionales y el IVA a los alimentos, pero hasta que analicen el proyecto de ley determinarán sus efectos.
Álvaro Leiva, dirigente de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), acusó al Cosep “de primero haber aceptado que se negociara solo con los sindicatos sandinistas para argumentar que hubo tripartismo en el consenso”.
“Nos dejaron fuera a la mayoría de representantes sindicales y todo porque el Cosep con su juego hábil de proteger los intereses de los grandes empresarios, cedió ante el Gobierno a costa de castigar a los trabajadores”, afirmó Leiva.
Fedetrasep denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Cosep y al Gobierno por considerar que la nueva Ley tributaria “violenta los derechos humamos y laborales de los trabajadores” del país.
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