TEGUCIGALPA/AFP
La Sala de lo Constitucional de Honduras declaró inconstitucional un proceso emprendido por el gobierno para sacar de la Policía a efectivos involucrados en el crimen organizado, informaron este miércoles los impulsores del recurso y fuentes oficiales.
El abogado Oscar Cálix afirmó a medios locales que interpuso el recurso de inconstitucionalidad el 26 de junio, argumentando que el proceso de depuración incluye procedimientos, como el polígrafo, que “obliga” a los policías “a declarar contra ellos mismos”.
“Es totalmente inconstitucional porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo” y los magistrados dieron la razón, argumentó el abogado defensor de los policías.
No obstante, como el recurso fue acogido por cuatro de los cinco magistrados de la Sala, y no por unanimidad, el caso debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia a más tardar en diez días, según la legislación hondureña.
El fallo de la Sala “no es un obstáculo para el proceso de trasformación de nuestra policía, se tienen que construir otras herramientas legislativas que permitan seguir con el proceso”, declaró a la radioemisora HRN el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.
Las pruebas a policías comenzaron a ser aplicadas luego de que el Congreso declara en mayo una “emergencia nacional” en seguridad pública con el objetivo de acelerar la depuración en la Policía, que cuenta con 14.500 efectivos.
El proceso se inició luego de que el 22 de noviembre de 2011 aparecieran muertos en la periferia sur de Tegucigalpa dos jóvenes universitarios, uno de ellos hijo de la rectora la Universidad Nacional, Julieta Castellanos.
Con un equipo de la Universidad, la rectora descubrió que quienes los habían matado fueron miembros de una patrulla policial, y a partir de allí la fiscalía denunció que sedes enteras de la policía estaban involucradas en tráfico de drogas, secuestros, robo de autos, extorsión y otros delitos.
El presidente Porfirio Lobo dispuso, como parte del proceso, la creación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), la cual dispuso la aplicación de pruebas sicológicas, de polígrafo, de consumo de drogas y verificación de patrimonio de los policías.
Al menos 33 efectivos han sido destituidos y más de un centenar puesto a “disponibilidad”, sin ostentar cargos, mientras concluyen las investigaciones.
