La cúpula empresarial del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el empresariado del orteguismo investido por las facultades que les otorga la ley que los disfraza de funcionarios públicos, negociaron una propuesta de Ley de Concertación Tributaria que por todas partes exprime a la clase media y favorece, mayoritariamente al gran capital, según se desprende del dictamen en poder de LA PRENSA y del que se han ido publicando en esta semana las “joyas” que estos dos grupos aprobaron.
Fue tanta la arrogancia y la actitud cobarde de estas dos cúpulas empresariales (una privada y la otra del Gobierno) que negociaron a espaldas de muchos otros sectores que se verían afectados por dichas medidas agresivas. Claro está que en este periodo de gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega la pretensión de ambos grupos es amasar dinero lo más que puedan a costa de los demás. La actual cúpula del Cosep se cree la iluminada y menosprecia a los demás sectores, considerando que negocia con los “inteligentes” y con los que tienen el poder, y que los demás son “pobres y brutos”, razones por las cuales no toman en cuenta. Por esto y otras cosas más estamos en las condiciones actuales.
Cada día se quitan la máscara los hipócritas que en sus madrigueras hablan oprobios del gobierno, pero delante de Ortega y compañía no solo los alaban, sino que asumen actitudes serviles aunque eso signifique sacrificar a los distintos sectores sociales y económicos que no pertenecen al gran capital, con tal de acumular sus fortunas.
Muy lejos han quedado aquellos años cuando el Cosep asumía posiciones beligerantes frente a medidas que no solo afectaban el ámbito económico, sino también la institucionalidad y la democracia. Y si hay dudas, en otro momento nos podríamos remitir al comportamiento político-económico de esta cúpula desde 2007 hasta hoy y veremos quién es quién.
Pero en fin, el pueblo que votó por este gobierno y sus aliados entre ellos, cúpulas empresariales con doble actitud como la que estamos viendo, tendrá que pagar más por todo. Y lo empezaremos a sentir apenas se apruebe esta ley. Estas cúpulas empresariales (privada y del Gobierno) han llegado al colmo de etiquetar como delicatessen los productos de buena calidad a los que tiene derecho todo ciudadano para alimentarse bien y cuidar su salud, por tanto, los gravan con impuestos.
El diputado de Ortega, Wálmaro Gutiérrez, dijo hace dos días: “Obviamente si quiero una especialidad o delicatessen en cortes (de carne), una delicatessen en aceites o una delicatessen en arroces, yo voy a pagar ese gusto muy particular, pero el arroz de consumo nacional, el frijol (…) lo que ocupamos todos los nicaragüenses en el día a día continúa exento”. El argumento es que solo pagará IVA este tipo de arroz en los supermercados, lo cual afecta el 25 por ciento del consumo del país. La oposición política del país fustiga que se restringe el derecho a comer arroz de buena calidad e igual pasaría con los filetes de res que pagarán IVA en todo el comercio.
Bueno, con todo esto, la clase media podría seguir pagando las “delicatessen” que dice Gutiérrez. Sin embargo, lo que están profundizando es la categoría de ciudadanos que hay en el país: los que pueden pagar sus “delicatessen” y los que estarán condenados a comer arroz que no tiene un 96 por ciento de granos enteros sino el que está quebrado, con basurita y hasta piedritas. Y en el caso del aceite, la clase menos pudiente seguirá consumiendo el producto de menos calidad que es distribuido en bidones y que en sus destinos finales no necesariamente en todas partes se adoptan estrictas medidas de higiene. Esta gente no podrá acceder a las “delicatessen”. Esto solo es un ejemplo de lo que hay en lo que será la nueva ley.
No en vano la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) sindicatos independientes, asociaciones de profesionales, importadores de vehículos usados, abarroteros y los diputados opositores, expresan que no fueron consultados para elaborar esta propuesta de Ley de Concertación Tributaria. Más allá de que si hay bondades para la sociedad nicaragüense en dicha propuesta de ley, quienes hicieron este documento deben explicar por qué discriminaron a otros sectores importantes.
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