Gloria Picón Duarte
380 Juntas Receptoras de votos fueron objetos de cambio en la cartografía electoral y no se dio información a la población lo cual provocó desorientación y limitó el ejercicio al voto de unos 152,000 electores.
41 por ciento de la población votante fue víctima de una deficiente gestión del CSE, ya que prevalecieron fallas estructurales e irregularidades sistemáticas en el proceso electoral que limitaron el derecho al voto.
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Por tercera vez consecutiva el Consejo Supremo Electoral (CSE) fue incapaz de realizar una gestión eficiente y transparente según el informe conclusivo del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade).
Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Ipade, señaló fallas significativas en la administración electoral como no permitirle al 28 por ciento de la población ejercer su derecho al voto al cerrar las Juntas Receptoras de Votos (JRV) antes de las seis de la tarde como manda la Ley. Mientras que a otro 13 por ciento de la población se le permitió votar aún cuando no era de la circunscripción electoral, violentando medidas de seguridad.
Por otra parte, Zúñiga explicó que el padrón electoral activo y el listado pasivo han mostrado fallas en su diseño con impacto negativo en el derecho a votar, por lo que no recomienda realizar otra elección con este sistema.
Actualmente el Ipade está realizando una auditoría al padrón electoral en las regiones autónomas y los datos preliminares confirman errores y omisiones. El informe detalla que un 42 por ciento de las personas registradas en el padrón electoral no fue localizado; 19 por ciento tenía direcciones diferentes; 13 por ciento nunca ha vivido en la dirección señalada; 6.5 por ciento fallecido y un porcentaje pequeño fuera del país.
En cuanto a casos como el de Nueva Guinea, Zúñiga dijo que las pruebas apuntan a que el PLC ganó ese municipio, pero como es el CSE quien nombra quién gana legalmente, los resultados fueron otros. “En este caso hubo absoluta falta de transparencia y el Consejo podía revertir o revisar”.
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