Fuentes de ese organismo jurídico internacional consultadas por Efe declinaron pronunciarse al respecto por considerar que “esta es una cuestión política”.
Las fuentes consultadas en la CIJ se refirieron únicamente a que sus estatutos dicen que “una vez firmada la jurisdicción, los Estados Miembros de Naciones Unidas se comprometen a cumplir con las decisiones de la Corte”.
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Previamente Insulza había confirmado a Efe la recepción de la nota de denuncia del tratado por parte de Colombia. “El trámite está en marcha”, aseveró.
En tanto, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, afirmó en una rueda de prensa que el fallo “hizo caso omiso” de “los derechos de los colombianos que viven en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, ahora rodeado de aguas nicaragüenses, y que además “le dio la espalda” al manejo medioambiental que se ha llevado a cabo hasta ahora en la zona.
“Estas líneas trazadas por la Corte, que para ellos son solo un grupo de coordenadas, representan para los colombianos, y muy especialmente para los habitantes del archipiélago, la grave afectación de la historia, la geografía, la vida misma y el sustento” económico, aseguró Holguín.
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César Ubeda Bravo y Emiliano Chamorro
El agente de Nicaragua en La Haya, Carlos Argüello Gómez, y el experto en Derecho Internacional, Mauricio Herdocia Sacasa, afirmaron que el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá no afecta la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que le restituyó a Nicaragua más de noventa mil kilómetros cuadrados en el mar Caribe.
“La denuncia del Pacto de Bogotá no tiene ningún efecto, es cosa juzgada, es un juicio terminado, así es que, para atrás no tiene ningún efecto”, aseguró Argüello Gómez.
“No creo que sea conveniente para los intereses de Colombia, porque el Pacto de Bogotá es un acuerdo de solución pacífica de controversia y contiene una serie de medidas para resolver problemas internacionales entre los países americanos, que incluye mediación, arbitraje hasta la Corte Internacional de Justicia. Retirarse del pacto nada influye en la sentencia, la sentencia (de la CIJ) es cosa juzgada. Eso se acabó”, reiteró Argüello.
El presidente Juan Manuel Santos anunció este miércoles que Colombia denunció el Pacto de Bogotá, en reacción al reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre delimitación en el mar Caribe con Nicaragua, que Bogotá cuestiona y aún no ha puesto en práctica.
“Nunca más, nunca más nos debe volver a suceder lo que ocurrió con el fallo del 19 de noviembre, proferido por la Corte Internacional de Justicia. Es evidente que este fallo condujo a un resultado manifiestamente contrario a la equidad”, dijo Santos.
HERDOCIA: RES JUDICATA
Para Mauricio Herdocia Sacasa, experto en Derecho Internacional, el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá “no tiene ningún efecto ni ninguna influencia sobre el fallo ya dictado por la Corte el 19 de noviembre, que es cosa juzgada (res judicata), inapelable, definitiva y de obligatorio cumplimiento”.
Recordó que el principio de Solución Pacífica de Controversias, que es el gran eje articular del Pacto de Bogotá de 1948, implica que cuando los Estados no pueden llegar a un arreglo, pueden recurrir a una instancia jurisdiccional que resuelva de forma definitiva e inapelable esta situación.
Señaló que la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal del Mar han venido colaborando judicialmente con los Estados para resolver sus diferencias en materia de delimitación en forma final e irrevocable.
Herdocia Sacasa agregó que si la solución de los conflictos quedara solo entre Estados, de no llegarse a un acuerdo, prevalecería entonces la voluntad y el poderío de los más fuertes y se abrirían las puertas para entronizar el uso y la amenaza del uso de la fuerza, pues las naciones débiles tendrían que someterse a la voluntad de los más poderosos.
“El caso Nicaragua-Colombia es un gran ejemplo que contradice la afirmación del presidente Santos. Colombia le impuso a Nicaragua desde 1969 una frontera unilateral a Nicaragua en el meridiano 82. Nunca se consultó a Nicaragua ni se le pidió su consentimiento para ocupar y repartirse —incluso con terceros Estados— los espacios marítimos pertenecientes al país. Sin el recurso a la Corte Internacional de Justicia, Nicaragua habría quedado al margen de la justicia internacional”, sostuvo Herdocia Sacasa.
¿QUÉ PRETENDE COLOMBIA?
“Que ningún Estado pueda llevarla en juicio ante la Corte Internacional de Justicia. Es decir, lo cual es triste, desligarse de toda posibilidad de que vuelva a comparecer ante el máximo Tribunal de Justicia en el plazo de un año a partir de la presentación de la denuncia, es decir, que hay un período de un año en el cual Colombia permanece ligada al Pacto”, explicó Herdocia Sacasa.
Recordó que cuando se firmó el Pacto de Bogotá (siendo Nicaragua la que pidió que llevara el nombre de la ciudad en 1948 durante la Novena Conferencia Americana), el secretario general en su informe dijo: “Las naciones débiles siempre han liderado el arreglo arbitral y jurídico. Las fuertes han dudado en tomar un paso que los llevaría a despojarse ante los jueces y cortes de todas las prerrogativas de su poder físico”.
“Dentro de un año, si bien los Estados no podrán llevar a Colombia ante la Corte, tampoco Colombia podrá ejercer esta posibilidad, pues quien cierra las puertas a los demás, se cierra las puertas a sí misma, en un mundo donde el conflicto siempre está presente y siempre habrá países más poderosos que pretendan imponer su voluntad. El Pacto de Bogotá es la víctima inocente en esta disputa entre Nicaragua versus Colombia”, sostuvo Herdocia.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,12 A
