Elízabeth Romero
Organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron los actos de tortura a los que fueron sometidos los detenidos, en especial las mujeres de Nueva Guinea, por parte de efectivos policiales.
Según el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, esa actuación es contraria a lo que establece el principio jurídico de derechos humanos internacional y amerita una urgente investigación de la Policía. Carrión indicó que además de la tortura, los agentes incurrieron en detención arbitraria, violentaron las normas policiales y su ley orgánica.
La Ley Orgánica de la Policía Nacional (Ley 228) establece que los principios de actuación sobre los que se rigen los policías es de uso razonable y limitado de la fuerza. En Nueva Guinea hubo 59 arrestados, todos opositores al Gobierno y ninguno de los simpatizantes orteguistas.
Carrión recordó que cuando una persona está reducida y bajo control de los agentes policiales, su integridad “es sagrada”.
La Policía debe realizar una investigación urgente y especial, demandó la coordinadora enlace de la Red de Mujeres Contra la Violencia, Luz Marina Torres.
De acuerdo con los denunciantes, los detenidos, simpatizantes liberales, fueron golpeados brutalmente por parte de policías antimotines, que también obligaron a varias mujeres a desnudarse, las fotografiaron y a algunas hasta las manosearon en sus pechos y partes íntimas. Todo esto fue en presencia de la jefa local de la Comisaría de Nueva Guinea, identificada únicamente como Alba. Ellos rechazaban los resultados del Consejo Supremo Electoral (CSE) sobre las pasadas elecciones municipales.
“Una Policía que torture, viole y abuse de las mujeres después de tenerlas bajo su mando, estaríamos hablando de otros países, eso sí sería grave”, afirmó Torres.
El vocero de la Policía, comisionado mayor Fernando Borge, dijo que Asuntos Internos realiza una investigación. Y sobre los señalamientos que hacen las víctimas se limitó a decir: “Vamos a esperar los resultados de la investigación, preferimos no especular, no adelantarnos”.
Torres planteó que también deben revisarse las delegaciones policiales y las Comisarías de la Mujer en los municipios, pues aunque la Ley 779 establece que las mismas deben estar bajo el mando de la jefa de las comisarías, en la práctica están bajo el mando de jefes policiales “que son hombres, que son policías y que además son machistas”.
Carrión recordó el hecho acontecido hace cinco años donde también en Nueva Guinea se verificó un caso de tortura, por el cual está demandado el Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esa actuación policial provocó “que se hiciera una limpia en la delegación policial”, dijo Carrión, refiriéndose al caso Artola Delgadillo, donde uno de los detenidos fue colgado de los testículos.
En el caso reciente contra los simpatizantes liberales, para el Cenidh hubo comprobadas violaciones de derechos humanos al haber incurrido la Policía en desproporcionado uso de la fuerza y el agravante es que las víctimas fueron violentadas en manos de la Policía, pese a existir la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer que contempla la violencia institucionalizada.
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