Ramón García Gibson(*)
El pasado 1 de diciembre de 2012 entró en funciones como presidente de México Enrique Peña Nieto, situación que por diversas razones genera muy buenas expectativas para el país y la región latinoamericana.
El presidente Peña Nieto, al tomar protesta a los integrantes de su Gabinete expresó lo siguiente: “Les exigiré desde este momento toda su entrega y compromiso para servir a los mexicanos, les exigiré igualmente apego a la Ley, honestidad, trasparencia, rendición de cuentas y pasión por servir a México”.
En ese orden de ideas considero oportuno el retomar un tema que, aunque acotado a una actividad específica, como es la prevención y combate al lavado de dinero, podría resultar de mucha utilidad para transparentar los resultados de las gestiones de los funcionarios de gobierno, tanto de México como de los diferentes países de nuestra región, en las diversas áreas de la administración.
Para lo anterior sería interesante dar seguimiento, así como realizar una revisión profunda —toda vez que no se logró su implementación plena y podría ser objeto de mejora— a la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo”, presentada el 26 de agosto de 2010 por el gobierno saliente.
Dentro de los cuatro ejes rectores que contiene la misma reviste particular importancia para medir resultados de gestión el relativo a “Transparencia y Rendición de Cuentas” al que aquí haré referencia de forma breve.
Dicho eje planteó que para medir y publicar de manera objetiva las acciones del Estado orientadas a erradicar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se deberían implementar mecanismos de acceso a la información que permitieran a la ciudadanía conocer los instrumentos y resultados de las acciones emprendidas contra dichos delitos, sin comprometer la información de inteligencia ni dañar garantías constitucionales.
Una adecuada comunicación social, mencionaba la Estrategia, establece una política efectiva de comunicación social que haga pública y transparente la evolución de las operaciones vinculadas con el lavado de dinero y las acciones tomadas por el Estado en respuesta a las denuncias presentadas y casos detectados, sobre la base de estadísticas precisas y actualizadas constantemente.
Tema que reviste particular interés de los ciudadanos y se debe fortalecer es el que se refiere a los mecanismos de interacción con la sociedad. La Estrategia planteaba la necesidad de promover instrumentos de comunicación con la sociedad, así como con aquellas personas sujetas a un régimen especial de prevención de operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que les obligue a reportar operaciones a las autoridades competentes para que conozcan la utilidad que tienen las denuncias y reportes que presenten. Es un punto que se debe fortalecer.
En países donde el tema del combate a la delincuencia organizada es parte importante de la agenda, los ciudadanos esperan conocer los resultados de dichos esfuerzos, sobre todo cuando los planes de gobierno los involucran de manera proactiva.
La transparencia y rendición de cuentas en cualquier área de la gestión de gobierno deben ser prioridad máxima, a fin de mantener informados a los ciudadanos sobre las metas alcanzadas. Los servidores públicos deben tener presente la frase del filósofo, matemático y físico francés René Descartes: “El bien que hemos hecho nos da una satisfacción interior, que es la más dulce de todas las pasiones”. ¿Coincide con ella estimado lector?
(*)Columna publicada los lunes en El Financiero de México.
Ver en la versión impresa las páginas: 2 C