Martha Vásquez
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La denuncia por incumplimiento de sentencia judicial de parte del procurador general de la República, Hernán Estrada, donde la Corte Suprema de Justicia le ordena entregar la finca El Jícaro “A” al ciudadano José Vicente Loáisiga Toruño, porque se comprobó que no es del Estado, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
Ahí se interpuso una demanda contra el Estado de Nicaragua por el mismo desacato ante la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua, informaron los afectados.
Según Álvaro Leiva, representante legal de la familia Loáisiga Toruño, estas diligencias se están haciendo en vista que el abogado del Estado no ha mostrado voluntad de cumplir la sentencia que emitió en el 2009 la CSJ.
Estrada, a través de relaciones públicas explicó que las transacciones que se hicieron sobre esa propiedad fueron anómalas y que causaron perjuicios al patrimonio del Estado, pero que está anuente a encontrar solución.
Sin embargo Leiva aseguró que en el proceso se aclaró cualquier duda jurídica sobre la finca y que la misma no es del Estado.
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