Wendy Álvarez Hidalgo
La nueva Ley de Concentración Tributaria entrará en vigencia en enero con el pie izquierdo. Aunque la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) serán fundamentales en la implementación de esta legislación, sus asignaciones presupuestarias son “extremadamente” raquíticas, según se desprende del proyecto de Presupuesto General de la República 2013.
La DGI tiene asignados para el próximo año 399.61 millones de córdobas, 37.34 millones más respecto a este año, cuando fue de 362.27 millones de córdobas. Es decir que el ajuste será de apenas 10.30 por ciento de su presupuesto actual.
Pero más pobre es la asignación para la DGA, con apenas un incremento presupuestario del 5.16 por ciento con relación al de este año. El aumento adicional será de 15.37 millones de córdobas, para elevar su presupuesto a 312.83 millones de córdobas. En 2012 fue de 297.46 millones de córdobas, principalmente para gastos corrientes.
Róger Arteaga y René Vallecillo, ambos exdirectores de la DGI, coinciden en que si no se mejoran las asignaciones a ambas entidades recaudatorias, los resultados de la reforma serán ineficientes y podrían golpear las finanzas públicas del ejecutivo.
Vallecillo recuerda que del total de los ingresos fiscales del país, la DGI recauda cerca del sesenta por ciento y la DGA casi el cuarenta por ciento.
Con la reforma fiscal en cuestión el Gobierno pretende elevar la base de contribuyentes y ordenar el régimen de cuota fija, principalmente en los mercados; además fiscalizar los precios de transferencia y las ganancias de capital.
Para llevar esa meta a la práctica, ambas entidades, pero sobre todo la DGI, necesita contratar más personal experto, ampliar su red recaudatoria, reducir la burocracia, mejorar el sistema de información, adaptar más tecnología en sus servicios y para eso se necesita liquidez, advierten los analistas
ES COSTOSO
“Implementar el tema de los precios de transferencias es caro, no es fácil administrar eso, porque necesitas expertos que conozcan los flujos de mercaderías de las empresas que tienen subsidiarias, no es cualquier indio el que va hacer ese trabajo, tiene que ser gente experta y bien entrenada”, apunta Arteaga, quien vislumbra que a mediados del próximo año la DGI seguramente solicitará más presupuesto.
El economista Vallecillo considera, por su parte, que a la DGI se le debió asignar al menos 100 millones de córdobas más para impulsar la aplicación de la reforma fiscal, de lo contrario el esfuerzo caerá en saco roto.
Con la reforma fiscal, el Gobierno deberá cubrir el hueco de casi 300 millones de córdobas que implicará elevar el techo exento del pago del Impuesto sobre la Renta (IR), y para esto, según Arteaga, se necesitará redoblar esfuerzos para cubrir ese déficit.
POLÉMICAS
Pero no basta con dar mayor asignación presupuestaria a la DGI y DGA, también se necesita, agregan los exfuncionarios, fortalecer la estructura operativa de ambas y mejorar los salarios de algunos trabajadores para evitar que estos sean fácilmente sobornados
Vallecillo, quien formó parte del equipo técnico que diseñó la reforma fiscal, dice que cuando se estaba trabajando en ese documento se había acordado inicialmente que se destinara el tres por ciento de las recaudaciones a la DGI para mejorar su funcionamiento, pero finalmente se desistió para evitar ponerle más “candados” al Presupuesto General de la República.
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