La recuperación de los espacios marinos de nuestra plataforma continental en el mar Caribe es el fruto de una política de estado que se inicia prácticamente desde nuestra independencia, con la reivindicación de la Costa Atlántica como parte inalienable del territorio nacional.
La República Federal de Centroamérica, entre 1823 y 1838, realizó reclamos a la entonces Gran Colombia y a Gran Bretaña por la pretensión de ocupar o la ocupación de hecho de territorios centroamericanos en el Caribe, en particular la Costa Mosquitia, destacándose en ello Francisco Morazán.
Estas reivindicaciones fueron continuadas por los gobiernos del Estado independiente de Nicaragua a partir de 1838.
Visto en perspectiva histórica, un elemento importante para fundamentar estos reclamos fue el ejercicio permanente de nuestra jurisdicción y soberanía en el río y puerto de San Juan, Fortaleza del Castillo incluida. Fundado en 1539, al descubrimiento del Desaguadero de los Lagos, el puerto tuvo mucha importancia para el comercio y navegación a lo largo de toda la colonia, siendo escenario de numerosas invasiones dirigidas por los ingleses y de constante resistencia local. Con la independencia, el puerto siguió jugando un papel clave para el comercio nicaragüense y fue administrado por nuestro gobierno, siempre bajo asedios británicos, hasta 1848, cuando es militarmente ocupado por tres buques de guerra británicos, expulsadas las autoridades nicaragüenses del puerto y espuriamente bautizado como Greytown; bajo la ocupación militar y la amenaza de invadir todo el país, el Gobierno de Nicaragua aceptó la imposición militar británica, pero logrando que esta reconociera la soberanía de Nicaragua en el territorio. San Juan del Norte fue hasta el siglo XIX nuestro principal y firme pie en el Atlántico.
Posteriormente, bajo la presidencia de Tomás Martínez se logró en 1860 la firma del tratado Zeledón-Wyke, mediante la cual Gran Bretaña reconoció la soberanía nicaragüense sobre la Costa Mosquitia; si bien los gobiernos conservadores subsiguiente formalmente tenían delegados en la Costa Atlántica, no es sino hasta en 1894 que se logra el ejercicio efectivo de nuestros derechos con la reincorporación de la Mosquitia por el gobierno de José Santos Zelaya.
Recuperada la Costa Atlántica, nos quedaba pendiente la cuestión de parte de sus islas, ocupadas por Colombia amparada en la disposición de los años postreros de la Monarquía española de que el Virreinato de la Nueva Granada asumiera la defensa militar de la Costa de los Mosquitos, hasta llegar al año de 1928, en que una Nicaragua bajo ocupación militar norteamericana firma el Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, en que se reconoce a Colombia la posesión del archipiélago de San Andrés.
El 4 de febrero de 1980, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional declaró nulo el tratado, basándose en que Nicaragua se encontraba bajo ocupación militar extranjera al suscribirlo y por ende reclamó el archipiélago.
En el año 2001, Nicaragua presentó demanda ante la Corte de La Haya. En 2007, la Corte declaró no tener competencia en cuanto a San Andrés, pero sí en cuanto a la delimitación marítima, fallando el lunes 19 de noviembre de 2012, durante el gobierno de Daniel Ortega, a favor de la soberanía nicaragüense en su mar territorial.
Es, como vemos, la concreción de un esfuerzo de nación sostenido por casi dos siglos, que permitió recuperar herencia territorial que corresponde a Nicaragua en el Caribe.
Por ello, bien ganado el mérito de los gobernantes a quienes les tocó administrar y liderar las medidas de cada momento. Tienen un lugar en la historia nacional, con actos que serán por todos reconocidos, más allá de las simpatías políticas. El autor es psicólogo
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