Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
La polémica carretera fronteriza paralela el río San Juan fue planeada como un “proyecto de guerra”, donde el Ministerio de Seguridad Pública y no el Consejo Nacional de Vialidad, como corresponde; ordenaba el proceso de construcción a seguir en medio de la especulación de supuesta invasión nicaragüense.
Así lo declaró el exdirector del Conavi, Carlos Acosta, acusado de cometer el supuesto delito de peculado por supuesta corrupción en la apertura de esta vía. Es el único de los seis sospechosos detenidos la semana pasada, que goza de libertad plena a pesar de los señalamientos en su contra.
“Esto no era un proyecto Conavi, era un proyecto de Seguridad Pública, que definía qué era lo quería hacer”, declaró Acosta a una entrevista al diario local La Nación.
“Este no fue un proyecto normal de carreteras, este fue un proyecto de guerra, esto es lo que la gente no ha entendido, a nosotros nos lo plantearon como un proyecto de guerra”, añadió.
Esta vía de 160 kilómetros empezó a construirse en el año 2011, meses después de que Costa Rica denunciara a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, alegando invasión y daño ambiental a su territorio, por las labores de dragado en el nicaragüense río San Juan.
Los ticos alegaron invasión de parte del Ejército de Nicaragua, mientras vigilaba las labores de limpieza de un canal que une al río San Juan y a la laguna de Harbour Head, en la desembocadura del cauce hacia el Atlántico.
En medio de la paranoia de invasión, el entonces Ministro de Seguridad, quien a pesar de tener origen nicaragüense mantuvo un discurso hostil contra Nicaragua; a finales de 2010 le planteó a Acosta como director del Conavi la urgencia de abrir la carretera porque la policía fronteriza de Costa Rica no tenía por dónde salir en caso de un enfrentamiento con el Ejército.
“Tijerino hace todo su discurso donde nos habla del estado de necesidad y de la invasión inminente, que los policías nuestros iban a ser masacrados como ratones porque no tenían posibilidad de salir”, relató Acosta.
Ahí empezó todo un proceso para abrir la carretera, donde participaron otros altos jerarcas del gobierno que preside Laura Chinchilla, saltándose procedimientos, además de empezarse a construir sin el decreto de emergencia que luego la avaló, sin plano ni estudios de impacto ambiental. Todo en medio de la confidencialidad generada por la supuesta invasión, sin haber claridad de dónde saldría el dinero para pagar a las constructoras, según Acosta.
“Lo primero que dijo (el Ministerio de) Seguridad y Cancillería fue: ‘queremos la ruta a 50 metros del río (San Juan) y a 5 metros de la línea de los mojones (…)’. Esa es una zona muy plana e intervenida, entonces seguir esa línea es muy fácil y así se hizo la gran mayoría del proyecto”, acotó.
Ahora hay todo un escándalo alrededor de esta vía por las denuncias de corrupción que hizo la propia mandataria en el mes de mayo, detenidos, investigados y la imagen de un gobierno cada vez más debilitado ante la opinión pública.
La carretera empezó a destruirse durante el invierno por su falta de planificación, pero el gobierno costarricense asegura que continuará con una segunda etapa de construcción, para lo cual buscará recursos.
Según Nicaragua, esta carretera deposita sedimentos en el río San Juan y elevó una demanda por contaminación contra Costa Rica, ante la Corte Internacional hace un año.
