Un grupo de miembros de asociaciones cívicas, como Abogados Democráticos, Fiscales Indignados, Juventud Patriótica y otras, trataron de presentar ante la Fiscalía una denuncia legal contra los diputados a la Asamblea Nacional. La denuncia es por incumplimiento de los diputados de sus obligaciones constitucionales, pues sin justificación de ninguna clase no han elegido a las personas que deben ocupar los cargos superiores del Estado que se encuentran vacantes, los cuales le corresponde a ellos designarlos.
Todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral, más la mitad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como el fiscal y vicefiscal del Estado, los contralores y vicecontralores, y el procurador y viceprocurador de Derechos Humanos, están ejerciendo esos cargos de facto, ilegítimamente, amparados en un decreto dictatorial, ilegal e inconstitucional de Daniel Ortega, que supuestamente les prorrogó los mandatos. Supuestamente, decimos, porque Ortega no tiene facultad para nombrar a esos funcionarios ni prorrogar sus mandatos. Esa facultad le corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución Nacional.
Los representantes de los organismos cívicos fundamentan su denuncia contra los diputados morosos en el cumplimiento de su deber, tanto en lo que establece la Constitución acerca del nombramiento de esa clase de funcionarios, como también en el artículo 433 del Código Penal, según el cual todos los funcionarios públicos, sin excepción, están obligados a cumplir las leyes y la Constitución de la República, como se llama oficialmente el Estado de Nicaragua, aunque realmente no sea republicano por la forma autocrática, ilegal y anormal como se ejercen los poderes públicos en la actualidad.
Confirma esa anormalidad, precisamente el hecho de que los ciudadanos denunciantes de los diputados ni siquiera pudieron presentar el escrito correspondiente, porque la Fiscalía se recetó vacaciones de fin de año de manera anticipada. Y aunque se los hubieran admitido, de poco o nada serviría la acusación legal porque quienes tendrían que validarla, admitirla y darle el trámite correspondiente, son las mismas personas que están ejerciendo los cargos con períodos vencidos.
Sin embargo, de todas maneras es importante que los ciudadanos y las organizaciones cívicas no renuncien a utilizar los recursos legales en demanda de justicia, aunque sus esfuerzos aparentemente resulten infructuosos. En cualquier caso, a quienes detentan el poder y lo ejercen de manera arbitraria, sin legitimidad constitucional, hay que denunciarlos no solo públicamente, sino también apelando a los recursos formales establecidos en la ley, aunque estos no funcionen.
Los demócratas (ciudadanos, partidos políticos y organizaciones cívicas), no pueden ni deben renunciar a las formas de lucha democráticas. Renunciar a ellas sería dejar que los gobernantes dictatoriales actúen con absoluta impunidad y que se consoliden en el poder.
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