Lorena Cantó
La Paz/EFE
El Gobierno de Bolivia afronta estas semanas uno de los escándalos de corrupción más graves desde la llegada de Evo Morales al poder, tras desvelarse la existencia de una red de extorsión a reos que implica a altos funcionarios y fiscales del país.
Una docena de personas entre exfuncionarios y fiscales ha sido enviada ya a prisión por este caso que se hizo público el pasado 27 de noviembre, cuando el Ministerio de Gobierno anunció las primeras detenciones, una de las cuales fue la del director y asesor jurídico de ese mismo departamento, Fernando Rivera Tardío, hoy en prisión. Desde entonces, el goteo de detenciones ha sido continuo.
Anoche un juez del departamento oriental de Santa Cruz envió a prisión al fiscal Roberto Achá y a su esposa por su presunta relación con esta red que extorsionaba a reos pidiéndoles grandes cantidades de dinero a cambio de influir en sus procesos judiciales para conseguir su libertad o beneficios penitenciarios.
El matrimonio fue recluido en el penal de Palmasola tras una audiencia de más de 10 horas en la que el juez encontró a la pareja culpable de los delitos de extorsión y organización criminal, entre otros, según recogen hoy medios locales.
Se trata del tercer fiscal encarcelado por su presunta relación con esta red. Los otros dos son Isabelino Gómez y Janet Velarde, a quienes el juez envió a Palmasola hace dos semanas, y los medios bolivianos apuntan a que la trama implicaría también a miembros del Poder Judicial, si bien hasta el momento ningún magistrado ha sido acusado de forma directa.
Entre los casos en los que Achá y su esposa, la abogada Cori Balcázar, interfirieron ilegalmente se encuentra el del empresario estadounidense Jacob Ostreicher, liberado esta semana tras un año y medio preso por supuesto blanqueo de capitales en un caso relacionado con el narcotráfico, cargos que él niega.
Fue precisamente una denuncia de los abogados de Ostreicher, que revelaron que la red de extorsión exigió a su representado 50,000 dólares a cambio de liberarlo, una de las claves para el desmantelamiento de esta trama de corrupción.
Por el caso Ostreicher se interesaron dos congresistas estadounidenses y el actor Sean Penn, quien visitó a su compatriota en Bolivia la semana pasada y denunció en conferencia de prensa a esta “mafia de extorsión y corrupción”, a la que calificó de “cáncer que está atacando el corazón” del país.
Además, esta semana también logró la libertad condicional el alemán Dirk Schmidt, preso desde 2010 en el mismo penal que Ostreicher por una denuncia de posesión ilegal de armas y quien asegura haber sido víctima de los extorsionadores.
Entre los imputados, junto con los tres fiscales, hay varios exfuncionarios de ministerios bolivianos. Dos de los primeros detenidos, el exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y el también exasesor Denis Rodas, están considerados los cabecillas de la trama y llevan ya varias semanas en el penal cruceño de Palmasola, la misma prisión donde antes estuvieron encerrados Ostreicher y Schmidt.
El Ministerio de Gobierno de Bolivia anunció esta semana que estudia decenas de denuncias de casos en los que la red podría haber extorsionado a reos, y tratará de establecer en cuáles se trata de acusaciones fundamentadas.
El propio ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró ayer en calidad de testigo ante la comisión de fiscales que investiga el caso y defendió que fue su departamento el que impulsó la investigación que ha permitido desmantelar esta trama corrupta.
También prestó declaración como testigo el extitular de esta misma cartera Wilfredo Chávez y en los próximos días lo harán la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, y otros dos exministros del Gobierno de Morales.
Además, está previsto que Romero y Suxo, junto al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, comparezcan mañana ante el Parlamento para informar sobre este caso a petición del partido opositor Movimiento Sin Miedo.
