Carlos R. Flores
El incendio que el pasado 24 de noviembre dejó 112 muertos en el país asiático de Bangladesh, en una maquila de ropa para marcas internacionales distribuidas por Walmart y Sears, ha puesto en el ojo del huracán a estos minoristas globales, no solo sobre las deplorables condiciones de seguridad ocupacional, sino también salariales, produciendo para un mercado que tiene como bandera el consumismo más desenfrenado, sin reparar en escrúpulos de cómo se producen las prendas de moda.
El 80 por ciento de los ingresos de ese país proviene de las maquilas, ocupando el lugar número 2 como exportador a nivel mundial, solamente superado por el gigante chino.
La tragedia —la más reciente de una larga y triste historia local de accidentes industriales— mostró en carne viva el porqué de su competitividad en este ramo, exhibiendo los míseros salarios (US$$37 mensuales) y la inexistencia de derechos laborales, situaciones que serían impensables para los ciudadanos de los países donde se venden las prendas terminadas.
La respuesta ha sido, por parte de estos gigantes minoristas, que hasta el momento, no tenían ni idea de cómo estaban siendo fabricados los productos por ellos distribuidos (¡?)
La etiqueta despectiva sweatshops o campos de trabajo en condiciones indignas, ha vuelto a apoderarse de la imagen de la cadena de suministro global que abastece a estos minoristas, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa.
Bangladesh tiene aproximadamente 4,500 maquilas de ropa, las cuales emplean a más de cuatro millones de trabajadores. Los abogados locales de derechos laborales sostienen que es un hecho innegable que las marcas globales que recibían manufacturas de esta planta siniestrada, también comparten responsabilidades civiles y criminales por la tragedia, entre las cuales se mencionan H&M, Gap, JCPenney, Target, Abercrombie, y varias más.
El desastre mismo palidece ante el papel que se dice jugó la gerencia y la supervisión de Tazreen Fashions, cuando más de 1,150 empleados dentro del edificio de ocho pisos realizaban turnos de madrugada, surgiendo el incendio por un cortocircuito en un área de almacenamiento de material inflamable, al que ya las autoridades lo habían prohibido por estar al aire libre, cuando las regulaciones establecían que debería ser dentro de locales cerrados y protegidos por paredes a prueba de fuego.
El fuego y el humo rápidamente se propagaron por la zona, generando vapores tóxicos que ascendieron por todo el edificio. La construcción carecía de un sistema de rociadores de agua y los extintores eran considerados meros adornos o estorbos en el camino.
Los empleados que escapaban de la catástrofe, recibieron de los supervisores órdenes de continuar trabajando y no abandonar la planta, ignorando olímpicamente las alarmas de incendio, perdiendo así tiempo valioso para evacuar con celeridad el sitio. Los encargados de algunos pisos bloquearon las salidas para evitar que los operarios corrieran hacia un posible escape, como una medida de restitución del orden, la cual resultó fatal.
Los operarios de los pisos superiores no pudieron escapar por el humo tóxico que impidió que descendieran por las tres escaleras disponibles, lo que hizo que en la desesperación, decenas de ellos se lanzaran por las ventanas y cayeran al vacío, ya que las escaleras de emergencia que debían estar adosadas al cuerpo del inmueble, no existían —y lo más terrible—, que varias ventanas en los primeros pisos estaban selladas con barrotes de hierro, lo que se convirtió en la trampa perfecta para estos infortunados operarios, quienes buscando la vida encontraron la muerte más terrible por asfixia, caídas y quemaduras.
Ahora las autoridades hipócritamente se rasgan sus vestiduras, cuando los mismos funcionarios habían sido en extremo tolerantes con las constantes violaciones a la Seguridad Operacional del sitio, el cual carecía de un Plan de Respuesta ante la Emergencia y de un sistema de circuito cerrado de TV —inexcusable por Ley—. Los pocos extintores que fueron recuperados no mostraron señales de haber sido usados, signo obvio de una deficiente preparación y capacitación, y mucho menos, la realización de simulacros para tal escenario probable.
La ahora “negligencia imperdonable” que señalan las autoridades contra el propietario de la planta, suena más a una guasa cruel en ese conglomerado de tráficos de influencias, corrupción, desprecio a las leyes y regulaciones sobre Seguridad Operacional, lo que auguran terminará diluyéndose en mascaradas y bufonadas legales que tendrán un fin predecible: el olvido; porque la ecuación mágica de ese país es sencilla: Prosperidad = Salarios lo más bajos posible + el mínimo de derechos laborales, que incluye el combo promocional de ser el Estado el abogado y promotor de oficio de la impunidad.
Al menos el tema está siendo abordado por unas pocas de esas cadenas globales que temen un boicot improbable de compradores, activistas, o personalidades del mundo de la farándula —o eventualmente— un demérito más en sus ya maltrechas reputaciones corporativas, como la que enfrenta actualmente Apple, cuyas joyas tecnológicas de culto global se reporta que son producidas en auténticas y modernas copias de campos de concentración nazis en China.
El caso sigue mostrando las inequidades y desbalances globales, como la paradoja que el salario promedio mensual del operario no ajusta para comprar ni una sola de las estilizadas prendas, una vez que alcancen las góndolas y escaparates al consumidor final.
Usted no se asuste ni pierda el glamour, que ser así de indiferente e insensible es también una forma de estar a la moda.
El autor es especialista en Seguridad Operacional.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
