TEGUCIGALPA/AFP/ACAN-EFE
– La depuración es un tema sensible en Honduras, donde hace un año se descubrió que cientos de oficiales estaban involucrados en el tráfico de drogas, los secuestros, el robo de autos y la extorsión.
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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, incorporó ayer a la Sala de lo Constitucional a Silvia Trinidad Santos, Germán Vicente García, José Elmer Lizardo y Víctor Manuel Lozano, los cuatro abogados elegidos por el Parlamento, el 12 de diciembre, tras destituir a cuatro magistrados de esa sala, según el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
Los cuatro magistrados junto a Oscar Chinchilla, quien presidirá esa sala hasta el 27 de enero, tendrán que “pronunciarse sobre la invitación de abstenerse de conocer el amparo 1026-2012”, presentado por los destituidos como una vía para lograr su restitución y ponerle fin a la crisis institucional, aseguró Duarte.
Previo a la incorporación de los nuevos magistrados, el activista en favor de los derechos humanos Andrés Pavón y Antonio Baday, líder de pobladores pobres que exigen al gobierno tierras urbanas para construir viviendas, encabezaron un movimiento frente a la Corte Suprema de Justicia que denegó la entrada a los magistrados Gustavo Bustillo y Francisco Ruiz, dos de los cuatro destituidos.
Además, Pavón y Baday exigieron en un comunicado la separación de los restantes once magistrados de la Corte Suprema, de 15 jueces, que incluye a los cinco de la Sala Constitucional.
La magistrada Rosalinda Cruz fue la única de los cuatro destituidos que ingresó al edificio. Explicó que llegó a trabajar porque nadie le ha comunicado su destitución y que lo seguirá haciendo.
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