A don Emilio Álvarez Montalván.
La situación política de Nicaragua cuya presencia a través de la historia se ha manifestado en la reafirmación de diferentes formas de autoritarismo, nos obliga a preguntarnos por la causa que produce tan reiterado efecto.
Generalmente se ha estudiado el fenómeno político en sus diferentes deformaciones en el uso y abuso del poder, en la ambición de quien lo ejerce, el oportunismo de los grupos que buscan cómo beneficiarse, la debilidad de la oposición, y otras tantas formas de devaluación del respeto a la dignidad y libertad de la persona y los grupos sociales, sin tener en cuenta el contexto histórico y social en el que se genera.
Por esa razón, cabría preguntarse, ¿cuál es la raíz y origen que hace posible que una situación semejante se produzca, y, además, se repita en una constante reedición de hechos y acontecimientos que se consideraban superados? ¿Por qué los movimientos y acciones que se dieron para desterrar determinadas formas de abusos de poder terminan haciendo lo mismo?
Creo que una situación semejante exige preguntarnos si no es acaso en la sociedad donde se originan estas deformaciones políticas, la causa que reproduce la confiscación de los valores y principios que se dicen defender. ¿No somos nosotros mismos, por acción u omisión, con nuestra actitud individual y colectiva, responsables de esa situación?
Si esto fuese así, es indispensable analizar las características de nuestra propia sociedad, y a partir de ahí, tratar de construir entre todos una conciencia colectiva imprescindible para llevar a cabo esa acción transformadora. No hacerlo equivale a continuar repitiendo lo mismo, a cortar las ramas enfermas del árbol, siendo que la causa del mal se encuentra en la raíz que continuaría produciendo aquello que fue eliminado temporalmente.
A través de la historia, y con las variantes respectivas de acuerdo a la época y circunstancia, la política se ha caracterizado no solo por la búsqueda del poder, lo que es normal, sino por la perpetuidad en el mismo, lo que es patológico. A partir de esa última situación se han derivado las consecuencias inevitables: autoritarismo, caudillismo, culto a la personalidad, subordinación de la ley al poder, devaluación institucional, transformación del abuso en uso y en práctica corriente de la arbitrariedad, entre otras deformaciones, para luego dar paso a la crisis, la confrontación y la violencia que determinan la sustitución del sistema por otro que luego reproduce las mismas prácticas y constituye una situación semejante a la de aquel que fue sustituido.
Esta constante en el movimiento circular de nuestra historia política, alterna a veces con la formación de gobiernos que podrían considerarse formalmente democráticos, pero que han carecido de políticas orientadas a la búsqueda de solución a los graves problemas sociales que han gravitado siempre sobre nuestra población. La separación de estas dos formas ha fracturado la democracia y la ha arrinconado en dos extremos: el formalismo y el populismo, que deforman ambos su verdadero sentido que requiere la integración de lo jurídico y lo político con lo social, en forma tal que la existencia de cada uno de ellos exige la existencia del otro en su necesaria complementariedad.
Esto que ocurre en la cúpula en lo que concierne al ejercicio del poder, tiene su causa en la sociedad que produce y reproduce desde la base, los elementos que habrá de caracterizar el ejercicio del poder político en el vértice de la estructura.
En términos generales, la sociedad nicaragüense podría configurarse como una pirámide con estrecho y escaso vértice compuesto por una minoría económica y social; una ancha base compuesta por un mayoritario sector de las sociedad, obreros, campesinos, desempleados, subempleados, en condiciones de pobreza y marginalidad considerables; y un reducido sector de clase media formado por profesionales, intelectuales y pequeños productores, entre otros.
Cada sector, incomunicado con los demás que conforman la estructura social, está compuesto, a su vez, de numerosos grupos sin la capilaridad y vasos comunicantes necesarios, lo que impide que entre ellos existan objetivos comunes, sino más bien intereses fragmentados y no pocas veces contrapuestos. Es un “sociedad disociada” que por la naturaleza misma de su composición, o desagregación, se ve imposibilitada de proyectar fines comunes hacia el plano político.
Además de esta situación de carácter estructural, habría que considerar otra de naturaleza cultural, en parte consecuencia de la anterior, entre cuyas características podrían mencionarse: ausencia del sentido de las instituciones; de la relación de estas y el sistema jurídico con el desarrollo de la economía y las estrategias para combatir los principales problemas sociales que se padecen: salud, educación, alimentación, vivienda, empleo; indiferencia ante los abusos de poder, si estos no afectan de manera directa la propia situación.
Debido a la estructura y cultura general de la sociedad, no es de extrañar que el ejercicio autocrático del poder en detrimento del Estado de Derecho y del sistema jurídico e institucional, sea una consecuencia que se deriva de la causa que lo produce.
Si esto fuera como lo percibimos, habría que asumir como una medida imprescindible la transformación cualitativa de la sociedad, lo que exige necesariamente la acción educativa formal, informal y permanente como condición esencial a todo cambio.
En mi artículo en LA PRENSA del 16 de agosto del 2012, “Por una nueva realidad política”, expresaba la necesidad de una concertación que llevara a la formulación de un proyecto de país, para lo que, además de la estructura, organización y acción de la ciudadanía y del sector político, manifestábamos que lo esencial de un proyecto semejante, era principalmente “el cambio cualitativo de la cultura política nacional, sin la cual ninguna propuesta tendría la proyección para animar las transformaciones en el ser y quehacer de nuestra sociedad” “La necesidad de la educación en valores cívicos y la nueva cultura política, imprescindibles para operar ese cambio cualitativo en las anquilosadas costumbres de nuestra historia, no significa que primero deba cambiarse la cultura política a través de la educación para hasta entonces tratar de realizar el proyecto de nación, sino que este, en tanto propuesta sujeta a debate, pueda ser en sí misma factor de educación transformadora en el propio proceso de exposición y discusión de sus contenidos. ‘Se hace camino al andar’, pero teniendo claro cuál es el camino que se quiere construir”.
Por todo ello, y tal como el doctor Benjamín Cortés lo ha sugerido, es necesario organizar “un foro abierto sobre cultura política y sociedad” y construir núcleos críticos y propositivos que presenten alternativas ante la situación actual.
Por mi parte pienso que del intercambio de ideas entre los diferentes grupos puede surgir una organización nacional de la ciudadanía y una propuesta de lo que podría ser un plan mínimo de acción, orientado a la realización de un proyecto de país, el que debería luego ser discutido y concertado con los sectores políticos.
Al iniciar un nuevo año, reafirmamos estas ideas, confiando, sobre todo, en la participación de la ciudadanía, de cuyo pensamiento y acción depende en buena parte hacer realidad “la Nicaragua Posible” y transformar la ilusión y la esperanza en objetivo cumplido y finalidad alcanzada.
El autor es jurista, filósofo y escritor nicaragüense.
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