Solo el 23 por ciento de las instituciones gubernamentales de Nicaragua cumple, pero de manera parcial y con muchas restricciones, la obligación constitucional y legal de brindar al público información actualizada sobre sus actividades y todo lo que les concierne.
Según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (organismo de la sociedad civil que monitorea el cumplimiento o más bien el incumplimiento gubernamental de la Ley de Acceso a la Información Pública, y vela por el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre los asuntos de interés público), de hecho únicamente el cinco por ciento de las entidades estatales que está formado por el Banco Central, el Instituto Nicaragüense de Energía y la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica, cumple correctamente esa obligación de transparencia.
Estos datos fueron publicados el viernes de la semana pasada por LA PRENSA y son una muestra del grave retroceso que ha sufrido el país desde que Daniel Ortega se reinstaló en el poder en enero de 2007, en materia de transparencia. Paradójicamente este retroceso institucional de Nicaragua ocurre cuando en el mundo entero se está avanzando, aunque no sin dificultades, en la práctica de la transparencia como requisito indispensable para el ejercicio del buen gobierno, es decir, un gobierno verdaderamente democrático.
Desde septiembre de 2011 existe a nivel internacional la denominada Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), la cual nació como una iniciativa de los gobiernos de Estados Unidos y otros países que son referentes de la transparencia gubernamental en sus respectivas regiones: Brasil y México en Iberoamérica, el Reino Unido y Noruega en Europa Occidental, Filipinas e Indonesia en Asia, y la República Surafricana en África. 16 meses después, casi sesenta países de distintas partes del mundo se han sumado a la OGP, asumiendo el compromiso de practicar la apertura de la información pública al que se reconoce no solo como un mecanismo de participación ciudadana, sino también como un instrumento efectivo para luchar contra la corrupción.
Como explica Sandra Crucianelli, periodista investigadora de la Knight Foundation que con muchísimos más recursos cumple en Estados Unidos más o menos las mismas funciones que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, “los datos abiertos de los Estados tienen varios destinatarios. El primero es el ciudadano que aporta con sus impuestos al erario público y tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero. El segundo, las ONG, capaces de ejercer un control social a partir de esos datos. También los contratistas del Estado, que pueden estar interesados en obtener información a la hora de concursar precios, y la oposición. El tercero es el periodismo, que en algunos países se vuelve más relevante que en otros”.
En Centroamérica, ya El Salvador, Honduras y Guatemala forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, mientras que Costa Rica y Panamá están en vías de incorporarse. Solo Nicaragua, donde las personas que gobiernan parecen sentir fobia a la transparencia, como el diablo a la cruz, está al margen de esa gran iniciativa porque sus gobernantes prefieren ejercer el poder en la oscuridad, pues seguramente es mucho lo que tienen que ocultar.
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