Elízabeth Romero
“¿Dónde está la justicia?”, clamó públicamente la madre de una niña que cuando tenía 12 años fue violada por un pariente suyo. Blanca Herminia Mairena Aragón, madre de la víctima, demandó la destitución del Juez de Distrito de Audiencias de San Carlos, Francisco Sandino Argüello, que bajo argucias legales dejó en libertad al principal sospechoso en la audiencia preliminar.
La denuncia pública la realizó Mairena en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que le brinda acompañamiento. A Mairena, quien reconoció que es sandinista, no le valió su membresía, pues desde el inicio se ha encontrado con obstáculos en su demanda de justicia.
El 8 de enero el judicial Sandino celebró audiencia y desestimó la acusación presentada por la Fiscalía en contra de Rodrigo Alejandro Alaniz Guevara, bajo el alegato de que en la misma no se especificaba horas y días de la violación. El sospechoso también es de familia sandinista de Solentiname, donde se cometió el delito.
El abogado Miguel Mairena, tío de la niña, demandó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigue el comportamiento del judicial. El abogado aseguró que el sospechoso amenazó a la víctima con matar a algún miembro de la familia si denunciaba la violación.
“Hay que ver cuánto dinero se ha movido en ese caso”, señaló el abogado, quien criticó que esa denuncia también fue presentada ante la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos y el procurador de facto Omar Cabezas “no ha dicho esta boca es mía”.
DESDE LA POLICÍA ALERTABAN AL SOSPECHOSO
“Hay muchas personas y personalidades detrás de esto”, afirmó el tío de la víctima. La niña fue violada en noviembre del 2011, la embarazó en enero 2012 y el bebé nació en octubre. Es más, la madre denuncia que desde la Policía Nacional advertían al sospechoso al momento de la captura.
Ana Mercedes López, abogada del Cenidh, dijo que con la decisión del judicial “hay riesgo de impunidad”, pues el juez lo deja en libertad, mientras establece a la Fiscalía cinco días para ampliación de la investigación, cuando desde el momento en que la Policía conoció del caso le dio largas para capturarlo.
El coordinador jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, dijo que la audiencia preliminar tiene como propósito examinar los requisitos, determinar si se admite la acusación y pronunciarse sobre las medidas cautelares. Por mandato de ley estos hechos graves se procesan con prisión preventiva, sobre todo porque el acusado por meses estuvo huyendo.
“Aquí hay totalmente una distorsión, que se suma el mecanismo del Estado que debe garantizar justicia frente a un delito grave, se suma una violación más que es el tema de la denegación de justicia hasta ahora por el poder judicial”, dijo Carrión.
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