Rezaye Álvarez M.
Desde el punto de vista jurídico, Nicaragua tiene varias vías para proceder y afrontar el posible reinicio de la construcción de la carretera fronteriza de 160 kilómetros, paralela al río San Juan de Nicaragua.
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Específicamente como Hábitat de Áreas Acuáticas (Ramsar).
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 1972.
Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central. Managua, 5 de junio de 1992. Resolución 2995 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1972).
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Según el Estudio de Impacto Ambiental realizado por Centro Humboldt, el Centro de Investigación para los Recursos Acuáticos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (CIRA-UNAN) y Fundación del Río, seis convenciones internacionales fueron violentadas por el decreto presidencial que sirvió de base para la creación de la carretera en cuestión.
Según el experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia, en caso de que se reanude la construcción de la vía, el Estado costarricense estaría violentando el fallo emitido el 21 de junio de 2012.
En ese fallo, la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) señaló la falta de correspondencia de la construcción de la trocha con los principales convenios a nivel bilateral, regional e internacional, así como la falta de un estudio de análisis e impacto sobre el medioambiente como patrimonio regional centroamericano.
El estudio menciona la violación al Convenio sobre Diversidad Biológica, que establece la obligación de un Estado de asegurar que sus actividades no perjudiquen al ambiente de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.
Herdocia también recordó que el 21 de diciembre de 2011, Nicaragua recurrió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, para demandar a Costa Rica por la construcción de la carretera y la violación de tratados y convenciones internacionales sobre ambiente.
Mediante esta demanda el país solicitó volver a la situación preexistente, al momento del daño.
En caso de reiniciar la construcción de los 160 kilómetros de carretera —según Herdocia—, Nicaragua puede volver a recurrir a la CIJ para solicitar medidas provisionales que impliquen el cese de la construcción.
A pesar de existir estas vías, Herdocia consideró que lo esencial es buscar el entendimiento bilateral, reactivar la Comisión Binacional y el Grupo Técnico Bilateral para evitar que se produzcan resultados catastróficos.
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