José Garth Medina
Se estima que en el Caribe hay unas ocho mil personas que se benefician directamente del buceo y unas 50 mil de forma indirecta.
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El Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte aprobó ayer una resolución administrativa para pedir la prórroga de la entrada en vigencia de la Ley 613, Ley de seguridad y protección a las personas dedicadas al trabajo en el mar, que prohíbe el buceo en Nicaragua.
La Ley ya fue prorrogada anteriormente (por dos años) y entraría en vigencia el 22 de febrero del 2013, por lo que un amplio sector de buzos y otros sectores del Caribe Norte han realizado protestas bajo el argumento de que se morirán de hambre si esta Ley se hace efectiva.
Carlos Alemán, presidente del Consejo Regional, dijo que se aprobó por unanimidad la solicitud de la ampliación de la prórroga y se pide que se haga de inmediato una comisión nacional que inicie la captación de recursos para el proceso de trasformación de la actividad y paulatinamente se haga la reconversión, consensuada entre el Gobierno y el sector pesquero del país.
Danilo Rosales, subdirector del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (Inpesca), llegó al parlamento costeño para explicar a los consejeros lo que significa el buceo para las poblaciones de la costa Caribe y aunque posteriormente se intentó conocer más detalles de su exposición, dijo no estar autorizado para brindar declaraciones.
A la sesión ordinaria no asistieron la gobernadora de la Región, Evelin Taylor ni varios consejeros de Yatama, entre ellos Roberto Wilson, Ekland James, Mara Rivas quienes apoyan el cierre del buceo junto con su máximo líder Brooklyn Rivera y la diputada Elizabeth Enríquez.
Los consejeros de Yatama no quisieron votar debido a que pretendían imponer precios de los productos al sector pesquero.
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