El reloj de arena corre y muchas entidades financieras de nuestra región no están listas para cumplir con la normativa estadounidense denominada Foreign Account Compliance Act (FATCA) pues están a la espera de que sus gobiernos firmen acuerdos intergubernamentales que simplifiquen el proceso, o bien que se libere la versión final del reglamento.
Esta posición es sumamente riesgosa, sobre todo porque mantienen en pausa el complicado y necesario proceso de análisis de brechas, en donde se deberá de contrastar la situación actual de la entidad financiera con las exigencias del FATCA. Solamente luego de realizarse esta fase inicial, se podrían diseñar los nuevos procesos y modificar los procedimientos internos y externos de la entidad para proceder con el reporte de información ya sea la IRS o al gobierno nicaragüense.
Recordemos que con esta normativa, el Gobierno de los Estados Unidos busca obtener información de las cuentas bancarias, operaciones e inversiones que los contribuyentes norteamericanos tengan fuera de sus fronteras. En principio, esta información la debían obtener y enviar directamente al gobierno estadounidense todas las entidades financieras del mundo. Previo a esto, cada una de las entidades debía suscribir un contrato con el Departamento del Tesoro de ese país.
Sin embargo, recientemente el Gobierno de los Estados Unidos abrió la posibilidad de firmar acuerdos intergubernamentales con los países que así lo requieran. De esta forma, las entidades financieras del mundo no deberán suscribir el contrato con el Departamento del Tesoro, y en su lugar, facilitarían la información a su propio gobierno; quien a modo de intermediario, enviaría los datos de forma periódica a Estados Unidos.
Nicaragua no ha negociado ni firmado este acuerdo, lo que sí han hecho España, Japón, Suiza, Alemania, México y el Reino Unido entre otros, y es a la espera de que suceda, que muchas entidades financieras han aplazado el proceso de implementación de esta normativa con la esperanza de que se suscriba. Sin embargo, no puede haber orden cuando hay mucha prisa, y quedan muy pocos meses para que finalice el plazo establecido para estar preparados. La fecha máxima para firmar el contrato con el Departamento del Tesoro es el 31 de diciembre de 2013. Esperar que se defina si Nicaragua suscribirá o no un acuerdo intergubernamental para el FATCA, es un retraso innecesario y peligroso que podría limitar la capacidad de las entidades para realizar sus negocios habituales, sobre todo si consideramos las altísimas multas que trae el incumplimiento.
Adicionalmente, el pasado viernes 18 de enero del 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha liberado la versión final del Reglamento de operación de FATCA, con el cual se terminan de aclarar los nublados del día con respecto a los requerimientos y elimina así la incertidumbre alrededor de la implementación.
Independientemente de a quién le entreguen la información las entidades financieras, estas deberían realizar el mismo análisis de brecha para poder definir el proceso de implementación y adecuar sus sistemas informáticos. Por eso una vez más, la prudencia y la visualización de las amenazas futuras puede ser el mejor aliado para su negocio. El autor es Gerente Gestión de Riesgo Empresarial de Deloitte
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