El vocero del partido oficialista FSLN en la Asamblea Nacional, diputado Edwin Castro, ratificó el martes de esta semana lo dicho antes por el presidente de dicho poder del Estado, René Núñez, acerca de que en este año se nombrará a los más o menos 60 magistrados y otros altos funcionarios del Estado, cuyos cargos se encuentran vencidos, para lo cual dijo que “buscan el consenso con la oposición”.
Lo que se entiende de lo dicho por el vocero parlamentario orteguista, de que “buscan consenso con la oposición”, es que quieren un acuerdo o pacto con la bancada del opositor Partido Liberal Independiente (PLI), a fin de elegir por “consenso” de la Asamblea Nacional a los cargos vencidos que actualmente son ocupados por funcionarios de facto, amparados en un decreto inconstitucional dictado por Daniel Ortega.
Sin embargo, para nombrar a los funcionarios tal como manda la Constitución, Ortega y el FSLN no necesitan un pacto con la oposición. Ellos tienen más de dos tercios de los diputados de la Asamblea Nacional y el mínimo para elegir a esos funcionarios es solo el 60 por ciento. De manera que si el orteguismo quiere pactar con el partido opositor para hacer esa elección, seguramente es porque quiere humillarlo, obligarlo a aceptar la reelección en plancha de funcionarios que han sido descalificados por la ciudadanía y por la misma oposición, ante todo los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE) que son responsables directos de los fraudes electorales y otras fechorías cometidas contra la Constitución, la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Con ese pacto el régimen orteguista arrojaría a la débil y desconcertada oposición parlamentaria, a una situación de absoluta bancarrota política y moral.
Pero la oposición, es decir el PLI, no tiene necesidad de pactar ni de hacer ningún acuerdo con Ortega y el FSLN para elegir en la Asamblea Nacional a los altos funcionarios que manda la Constitución. La oposición tiene derecho de proponer candidatos a todos los cargos que debe elegir uno por uno la Asamblea Nacional y, por mero principio de representación proporcional, también tiene derecho a que sea elegido un determinado número de sus propuestos, de acuerdo con la cantidad de sus diputados en el órgano legislativo. De modo que la oposición puede participar en la votación de sus candidatos pero no tiene por qué hacerlo en la de los que proponga el orteguismo, mucho menos si son las mismas personas que actualmente detentan las magistraturas del Consejo Supremo Electoral, u otras de la misma ralea.
A nuestro juicio, la oposición solo debería participar en las votaciones de todos los cargos, o sea incluyendo las de los candidatos del orteguismo, en el caso de que no fuesen los mismos que han sido autores y cómplices de los fraudes judiciales y electorales realizados en los últimos años para imponer el régimen autoritario de Daniel Ortega, su familia y su partido. Si el orteguismo quiere imponer a esos mismos funcionarios impresentables, que los imponga. De todos modos, tarde o temprano llegará el momento de cambiarlos para que otra vez pueda haber elecciones limpias, justas y honestas en Nicaragua.
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