Noel Amílcar Gallegos
Según datos de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), desde enero de 2006 al 30 de septiembre de 2012, tienen registrado miles de despidos en los 153 municipios del país violentando la Ley 502.
07 organizaciones sindicales han sido descabezadas a nivel nacional en este periodo.
100 dirigentes sindicales han sido despedidos a nivel nacional.
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“Esperamos que los alcaldes de los más de 150 municipios del país tengan conciencia y respeto hacia los derechos constitucionales, humanos y sindicales de los empleados municipales. Esperamos que se apeguen a una ley que ha estado en papel mojado como es la Ley 502 de Carrera Municipal, que es vinculante para la carrera de la función pública de los empleados municipales”, indicó el doctor Álvaro Leiva, secretario de Asuntos Laborales y Derechos Humanos de dicha federación.
Explicó que esta ley y su reglamento regulan el régimen de Carrera Administrativa Municipal, instaurando los requisitos y procedimientos para el ingreso, estabilidad laboral, promoción, capacitación y retiro de los funcionarios y empleados municipales que están clasificados como de carrera.
SANDINISTAS LOS QUE MÁS VIOLAN LEYES
Agregó que verán si las municipalidades tendrán voluntad política de cumplir con esta ley, o alinearse a su partido, hecho que ha causado despidos masivos de trabajadores públicos del Estado y de los trabajadores municipales.
“Ojalá que en las nuevas administraciones municipales no prevalezca el oportunismo, favoritismo y la afiliación política, lo cual ha traído como resultado el fantasma de los despidos laborales sin causa justificada, contrataciones de personal sin el debido proceso de provisión, traslados laborales de manera arbitraria y el ascenso de cargos con megasalarios sin tener méritos y capacidades”, subrayó Leiva.
Hizo un llamado al ejecutivo a respetar la autonomía de cada Alcaldía, y no practicar la injerencia. “Los gobiernos municipales donde fueron electos los candidatos del partido de Gobierno es donde más violaciones tenemos a la Constitución y al respeto de los derechos laborales, humanos y rotación de empleados públicos, lo que nos indica que esto es una política de Estado”, aseguró el abogado.
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