MARTHA VÁSQUEZ
Ese día —relató el padre de la víctima, quien tomó la palabra durante el juicio—, la niña estaba afuera, en la calle con su mascota, a unos pasos de su casa bañándose bajo la lluvia.
Los policías pasaron, “le agarraron el perro, la metieron al vehículo, le taparon la boca, la encañonaron y se la llevaron al punto donde la violaron, que es a 30 metros de la casa presidencial”.
Los implicados estaban asignados a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP).
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A pesar que el miércoles a medianoche la juez Aleyda Irías, titular del Juzgado Segundo Especial de Violencia de Managua, declaró culpable a los exagentes designados a custodiar la casa del presidente inconstitucional Daniel Ortega por violar a una niña con discapacidad, organismos de derechos humanos consideran que la justicia fue aplicada a medias, pues no se acusó a todos los señalados.
“La justicia en este caso es relativa, porque se condena a tres, pero la niña señaló a más, entonces vemos que se encubrió a otras personas y nos queda la duda, ¿por qué? La investigación quedó oscura”, dijo Gonzalo Carrión, asesor jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Los procesados Erwin Jarquín Espinoza y Timerson Parrales fueron declarados culpables de violación agravada en perjuicio de la niña de 12 años, mientras que el exoficial Walter Téllez fue declarado culpable por abuso sexual contra la misma niña.
La juez se tomó cinco horas para dar a conocer su fallo, ya que el debate final del juicio culminó a las 7:00 p.m.
Los hechos acusados y probados durante el juicio —según la Fiscalía— sucedieron el 9 de agosto de 2012 en el sector del parque El Carmen, dentro del perímetro de seguridad de la casa de Ortega, conocida como la Secretaría del Frente Sandinista, desde donde despacha.
“Si los familiares no han recurrido a los Derechos Humanos este delito hubiera quedado totalmente en la impunidad, porque cuando el padre de la menor interpuso la denuncia en la Policía nadie le hizo caso, pensaban proteger a todos, mientras los violadores seguían como si nada”, dijo Carrión.
La Fiscalía solicitó 15 años de cárcel por violación agravada y 12 años por abuso sexual. Ambas son penas máximas.
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