Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
La Contraloría General de la República de Cota Rica (CGR), investiga el uso de unos 37 millones de dólares (al tipo de cambio actual), destinados a la construcción de la carretera fronteriza con Nicaragua; y mantiene un proceso administrativo contra varios funcionarios públicos involucrados en la obra.
Según la CGR, la investigación gira en torno a la donación de 19 mil millones de colones (más de 37 millones de dólares), girados por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en marzo del 2012; para continuar con la construcción de la polémica vía.
El fin de la CGR es constatar el destino del dinero que sería utilizado para pagar a las empresas constructoras que abrieron la vía. La investigación inició en octubre del año pasado, cuando solo se usó el 1.3% por ciento de ese dinero.
Según el viceministro de la presidencia y directivo de la CNE, Mauricio Boraschi, el Conavi usó parte del dinero obviando reglas o restricciones establecidas en el contrato de donación, sin informarle a la junta directiva de la CNE.
Por ello, al conocer las inconsistencias, la CNE decidió retirar el restante del dinero, es decir, casi 17 mil millones de colones (unos 33 millones de dólares); los cuales se encuentran en la caja única del estado.
La CNE también ha pedido cuentas al Conavi sobre el uso del dinero usado, pero no ha respondido, indicó Boraschi.
En el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, también hay una causa penal por esta polémica obra. Un juez, en diciembre pasado, dictó medidas cautelares contra 5 de los 6 sospechosos detenidos por aparente corrupción en la apertura de esta carretera, que según Nicaragua, contamina el río San Juan.
El ingeniero Manuel Serrano y el técnico Miguel Ramírez, ambos funcionarios separados del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) debido a la investigación, descuentan cinco meses de prisión preventiva.
El exdirector del Conavi, Carlos Acosta, goza de libertad plena pero sigue siendo acusado, mientras que los empresarios constructores David Castillo, Giovanni Baralis y Johnny Muñoz; tienen como medidas cautelares impedimento de salida del país y firmar en el juzgado cada 15 días.
Los seis son acusados de Peculado, un delito que atribuye cárcel de 3 a 12 años a funcionarios públicos o particulares que distraiga dinero o bienes cuya custodia o administración le fue confiada a razón de su cargo.
Según la Fiscalía, los empresarios constructores pagaron una fiesta a los dos funcionarios estatales ahora con prisión preventiva, en un centro nocturno de San José, hasta por un valor cercano a los 5 mil dólares (de acuerdo con el tipo de cambio actual), un viaje a Estados Unidos y un tour de placer en helicóptero.
Además, detectaron irregularidades como realización de obras “en las cuales se aumentaron las horas de trabajo de las maquinarias, maquinaria que no trabajó, maquinaria que aparece con reportes de estar trabajando en dos sitios a la vez, etc, etc”, de acuerdo con el Fiscal General, Jorge Chavarría.
De modo que la Fiscalía investiga el trabajo no realizado por las compañías de los empresarios, las cuales recibieron cuantiosos contratos; así como trabajos realizados en otras obras para las cuales no fueron contratadas.
