Ramón H. Potosme
Mientras María Luisa Acosta, jurista, aseguró que el problema nace con la pesca industrial de langosta, puesto que los pescadores artesanales cazaban por inmersiones a pulmón y no bajaban a grandes profundidades.
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La diputada del partido indígena Yatama, Elízabeth Enríquez, aseguró que los dos diputados de su partido votarán en contra de la prórroga a la prohibición de la caza de langosta por buceo. Según ella la continuidad de esta práctica sería un genocidio contra el pueblo miskito.
Con ella coincide la coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), María Luisa Acosta, quien recordó que parte de la definición de genocidio de las Naciones Unidas es que ocurre con un acto que destruye a un grupo étnico por medio del sometimiento a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física total o parcial.
“La actividad del buceo en la costa Caribe es realizada exclusivamente por hombres, miembros del pueblo indígena Miskito, por lo que la incidencia desde hace más de dos décadas de centenares de buzos parapléjicos y muertos por la enfermedad de la descompresión, causada por la actividad del buceo, los ha afectado también de manera exclusiva”, señaló.
Enríquez considera que son las empresas y el Gobierno a través del Instituto de la Pesca (Inpesca) que deben dar una alternativa rápida puesto que la prórroga solo implicará que todo continúe igual. Según ella si existe voluntad, también existirán los recursos.
Indicó que lo que se termina con la Ley es la caza de langosta por buceo, no la vida del mar, porque para eso existen nasas y redes langosteras, por lo que ellos no se oponen a la pesca en general.
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